La muerte del Papa Francisco detuvo el avance del polémico proyecto para demoler el estadio Luna Park y disparó una investigación interna del Vaticano sobre las decisiones del Arzobispado porteño respecto al destino del icónico predio.
El proyecto, impulsado por la productora DF Entertainment, había sido aprobado en enero por la Comisión Nacional de Monumentos, pese a que el Luna Park está protegido como Monumento Histórico Nacional. La iniciativa contempla construir un nuevo estadio con más capacidad y altura, pero su ejecución requiere el visto bueno final de la Santa Sede, ya que el predio es propiedad del Arzobispado de Buenos Aires y la orden Salesiana.
“Sin la autorización del Vaticano no se puede firmar el contrato ni iniciar ningún proyecto. Es normativa vaticana”, señalaron desde el Arzobispado al diario La Nación. Con el fallecimiento del Papa, los dicasterios —organismos clave de decisión en la estructura eclesiástica— quedaron inactivos hasta la elección de un nuevo Sumo Pontífice. “Todo está parado”, confirmaron fuentes eclesiásticas.
Además, trascendió que la Santa Sede ya había ordenado una auditoría legal antes del fallecimiento de Francisco. El objetivo: analizar si la concesión a DF Entertainment infringe leyes locales que protegen el patrimonio cultural, como la Constitución de la Ciudad, la Ley 1777 y el Código de Edificación.
Mientras tanto, el expediente sigue en análisis en el Gobierno de la Ciudad y el proyecto permanece en suspenso. El contrato de concesión, aprobado en octubre de 2023, cede la explotación del estadio por 20 años —prorrogables otros 20— a la empresa del productor Diego Finkelstein, en alianza con la multinacional Live Nation. La inversión inicial se calcula en 34 millones de dólares.
En 2023, el Luna Park albergó casi 100 espectáculos, por lo que el argumento de inviabilidad del actual estadio genera cada vez más dudas.
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