En las últimas dos semanas, el mercado cambiario argentino entró en "modo electoral", agitado por la incertidumbre ante las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre. En ese contexto, el dólar oficial superó por primera vez los $1500 en los bancos, mientras el Gobierno se esfuerza por sostener el esquema de bandas cambiarias anunciado en abril.
Este viernes, el dólar oficial minorista alcanzó los $1515 en las pizarras del Banco Nación, lo que representa una suba de $20 respecto al cierre anterior (+1,3%) y marca el valor nominal más alto del que se tenga registro. Con el recargo del 30% a cuenta del impuesto a las Ganancias, el dólar tarjeta ya se vende a $1969,50.
La escalada en las cotizaciones obligó al Banco Central de la República Argentina (BCRA) a intervenir con fuerza en el Mercado Único Libre de Cambios (MULC). Este jueves, vendió US$379 millones de sus reservas, un monto siete veces superior al utilizado el miércoles, cuando se habían vendido US$53 millones.
Mientras tanto, los bonos soberanos muestran una leve recuperación tras un jueves negro para los activos argentinos. Aunque el riesgo país retrocede, los títulos aún no logran recomponerse de las fuertes caídas que, en algunos casos, superaron el 14% en pocas ruedas.
Banda cambiaria bajo presión
Desde la salida del cepo, en abril, el Gobierno estableció un esquema de bandas cambiarias con una actualización del techo del 1% mensual. Actualmente, ese límite se ubica en $1474,83, mientras que el piso de la banda está en $948,76. Con el tipo de cambio oficial superando los $1500 en varios bancos, la sostenibilidad de este sistema vuelve a estar bajo la lupa del mercado.
El ministro de Economía, Luis Caputo, intentó llevar calma en una entrevista por streaming, luego de las ventas masivas del BCRA y la volatilidad en los mercados. “No nos vamos a mover del programa económico. Vamos a seguir defendiendo la banda cambiaria”, afirmó.
Caputo también anunció que en las próximas semanas se confirmarán los pagos correspondientes a vencimientos de deuda de enero y julio de 2026, en un intento por despejar dudas sobre la capacidad de pago del Estado argentino y dar una señal de previsibilidad a los inversores.
