Tras la caída del veto presidencial en el Senado, el Ejecutivo estudia distintas estrategias para evitar la promulgación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y el consecuente aumento de fondos a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Pese a lo anunciado por Javier Milei, la Casa Rosada evalúa no judicializar de inmediato la norma y buscar mecanismos que retrasen su implementación.
Entre las alternativas que analiza el Gobierno se encuentran:
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No presentar una demanda judicial inmediata, con el objetivo de ganar tiempo y responder más adelante a eventuales reclamos de la oposición por la falta de ejecución de fondos.
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Solicitar la nulidad de la sesión del Senado en la que se sancionó la ley, alegando que la autoconvocatoria de la Cámara alta fue “ilegal” y que, por ello, lo aprobado carecería de validez.
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Presentarse ante el fuero Contencioso Administrativo, argumentando que la ley no contempla más del 15% de los recursos necesarios para su ejecución y que podría generar un impacto fiscal significativo, en línea con la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.
La coordinación de estas estrategias está a cargo de la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, y los equipos de Procuración del Tesoro, liderados por Santiago Castro Videla.
Posición sobre el aumento de pensiones
El Ejecutivo también descarta otorgar el aumento en las prestaciones de discapacidad hasta que se resuelvan las cuestiones legales. Aunque el vocero presidencial Manuel Adorni había anticipado que se estaba evaluando la medida, desde Nación aclaran que su implementación dependerá de la resolución judicial.
El plan para financiar el incremento contemplaba recortes sobre pensiones por invalidez consideradas “mal otorgadas”, cuya auditoría aún no está completa. Hasta el momento, de un universo total de un millón de pensiones, solo 280.000 beneficiarios fueron notificados.
Otros frentes de veto
La Casa Rosada también analiza la posibilidad de vetar la ley que distribuye Aportes del Tesoro Nacional (ATN), impulsada por gobernadores opositores y aliados. Según fuentes oficiales, el presidente esperará diez días hábiles antes de firmar el veto, por lo que la medida se publicaría en el Boletín Oficial durante la semana del 19 de septiembre.
