Un juez del Tribunal de Impugnación de Río Negro quedó en el centro de la polémica por un departamento en Las Grutas. Se trata de Miguel Cardella, quien fue sumariado por el Consejo de la Magistratura por haber intervenido en un conflicto privado que, según la denuncia, podría rozar el ejercicio de la abogacía, algo expresamente prohibido para los magistrados.
El caso estalló por un viejo problema inmobiliario en Las Grutas, y se potenció por los protagonistas. El denunciante es Daniel Miocevic, exintendente de Villa Regina y esposo de la exlegisladora y exdefensora del Pueblo, Ana Piccinini. Del otro lado, el acusado no es cualquiera: un juez de alto rango que, además, integra un grupo familiar de inversores del lujoso y exclusivo complejo “El Paseo”, con vista al mar a 80 metros de la playa.
Todo comenzó en 2016, cuando Miocevic compró un departamento en ese edificio. Con el paso del tiempo, aparecieron graves defectos estructurales: grietas, filtraciones y daños que obligaron a una reparación costosa. En 2023, el exintendente decidió intimar a los desarrolladores, entre ellos, el juez Cardella, para que pagaran las expensas extraordinarias.
La respuesta de Cardella encendió la chispa: contestó en su nombre y como apoderado del resto de los inversores, lo que Miocevic interpretó como una actuación profesional, impropia de un magistrado. En 2024, fue más allá y lo denunció penalmente por estafa, acusándolo de formar parte de una maniobra para “ocultar” los vicios de construcción y “defraudar” a los compradores.
Esa causa fue archivada, pero el Procurador General, Jorge Crespo, derivó la conducta del juez al Consejo de la Magistratura. El Auditor General, Juan Manuel Montoto, analizó el caso y consideró que el accionar de Cardella fue “reprochable” a los ojos de los principios de Bangalore, que marcan la conducta ética de los jueces.
Con ese informe, el Consejo decidió abrir un sumario que se extenderá hasta 90 días. No lo envió directamente al Superior Tribunal, lo que habría implicado una sanción, sino que ordenó una investigación más profunda. La medida fue respaldada por los legisladores Lucas Pica, Marcelo Szczygol y Juan Murillo, y por los abogados Gastón Suracce, Valentina Baigorria Funes y Maximiliano Mullally. Este último fue designado sumariante, encargado de analizar las pruebas y definir si el caso se archiva o se eleva al STJ.
Cardella, por su parte, niega haber violado cualquier norma. En diálogo con la prensa, sostuvo que actuó “como apoderado familiar”, sin usar matrícula, sello ni cargo judicial. “No ejercí la abogacía. Respondí una intimación patrimonial que me involucraba directamente”, explicó.
Y fue más allá: “Miocevic tiene un problema personal conmigo. No cuestiona mi trabajo como juez”.
En su defensa, el magistrado recordó su trayectoria: aseguró ser el juez con más audiencias, votos y sentencias en el Tribunal de Impugnación, y subrayó que la denuncia busca “dañar su imagen profesional”.
Del otro lado, Miocevic no baja el tono. En su denuncia habló de “una maniobra de engaño y abuso de confianza” y hasta cuestionó un pago de 20 mil dólares que los vendedores habrían hecho como “donación de buena voluntad”. Para él, ese gesto fue “un manotazo de ahogado”.
Ahora el futuro del juez Cardella depende del resultado del sumario. Si el informe lo considera responsable, el caso podría escalar e incluso derivar en un juicio político.
