La investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó en los últimos días una nueva línea de pesquisa: los fiscales intentan determinar si el exfuncionario Fernando Spagnuolo generó en algún momento una copia de respaldo de su teléfono, considerado una de las piezas centrales del caso.
El dispositivo había sido peritado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), que ya informó la imposibilidad de recuperar los mensajes borrados. Ese límite técnico impide confirmar si en el celular había comunicaciones con figuras del entorno presidencial, como Javier Milei, Karina Milei o Eduardo “Lule” Menem.
Spagnuolo permanece por ahora recluido en su casa, en contacto únicamente con su entorno íntimo y su equipo de abogados. En tribunales circula la versión de que evalúa declararse arrepentido, aunque algunos allegados creen que se trata más de una amenaza que de una decisión concreta.
Mientras tanto, sus defensores —Juan Araoz de La Madrid e Ignacio Rada Schultze— solicitaron suspender plazos procesales vinculados al planteo de nulidad realizado por los hermanos Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina, empresa señalada como beneficiaria de contratos cuestionados. El expediente sigue bajo secreto de sumario.
En paralelo, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) revisó parte de la documentación vinculada a esos convenios, aunque evita adelantar conclusiones. También avanza el análisis de otros teléfonos secuestrados: ya se logró extraer información de tres dispositivos pertenecientes a Daniel Garbellini, exdirector de Acceso a los Servicios de Salud, señalado como el interlocutor habitual con las droguerías. Los peritajes aún no fueron puestos a disposición del fiscal Franco Picardi.
La lupa también se posa sobre los Kovalivker, cuyos celulares fueron incautados pero permanecen bloqueados. Su abogado, Martín Magran, justificó la negativa a entregar las claves en la necesidad de proteger la privacidad personal y familiar de sus clientes. Aun así, la DATIP intentará acceder a los equipos mediante peritajes forenses. Todo indica que el juez Sebastián Casanello podría desestimar el pedido de nulidad de los empresarios, quienes argumentan que la causa nació de grabaciones ilegales y debía cerrarse por “cosa juzgada”.
El expediente se abrió tras la difusión de audios en los que el propio Spagnuolo describía un supuesto circuito de coimas y contrataciones irregulares en la ANDIS, donde mencionaba a dirigentes cercanos al oficialismo. La investigación, que combina documentación, dispositivos electrónicos y testimonios, sigue en pleno desarrollo.
En paralelo, el Ejecutivo puso en marcha una auditoría interna sobre la gestión de Spagnuolo, a cargo del nuevo titular de la ANDIS, Alberto Vilches. El análisis se centra en los contratos con droguerías y la eventual existencia de sobreprecios en la compra de medicamentos. La Casa Rosada espera tener los primeros resultados en octubre, en un organismo que maneja un presupuesto de $3,74 billones y cuenta con 921 empleados.
