La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció que ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley Antibarras, que "tipifica el delito en un tipo de asociación ilícita especial, como una organización criminal". La iniciativa estaba en confección desde hacía tiempo, pero los incidentes en la movilización al Congreso que convocaron jubilados y que fue calificada por el Gobierno como la “marcha de los barras” aceleró su presentación.
"Se amplía a todos los negociados que rodean a la actividad de estas barras bravas, como aquellos mecanismos que generan un tipo de financiamiento que en muchos casos está avalado por las conducciones de los clubes", al igual que a los dirigentes que permiten esas prácticas, describió la iniciativa la funcionaria en una conferencia de prensa en la Casa Rosada.
Bullrich prometió que "los que generan hechos de violencia no van a poder ingresar a los estadios" de fútbol. "Prohibir la entrada a la cancha implica desarmar la lógica de los negociados que se generan muchas veces entre conducciones de clubes y barras", señaló.
Según la funcionaria, actualmente hay "15 mil personas impedidas de ingresar a las canchas argentinas", pero planteó la necesidad de avanzar sobre "los negociados que rodean a la actividad de las barras". A través de esto, castigarán a los dirigentes que facilitan entradas y micros o el ingreso de elementos contundentes o armas a las canchas.
"Ya bajamos de manera sustancial la violencia, pero esta ley va a seguir bajando la violencia en el fútbol. Es exitoso el programa ‘Tribunas Seguras’ pero le faltaba ir a fondo para que las barras no vayan a los estadios y desarticularlas como organizaciones criminales", insistió Bullrich.
Respecto a la prohibición que rige desde hace doce años para que los hinchas visitantes puedan asistir a los estadios, la ministro consideró que "lo de los visitantes es responsabilidad de cada distrito, no es una cuestión federal, es de las ciudades y las provincias".
Además, el proyecto hace foco en los dirigentes de los clubes de fútbol y prevé sanciones de cárcel para ellos, en caso de que se demuestre una relación de connivencia o apoyo logístico a los barras.