El aterrizaje del Boeing C-40 Clipper de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Ushuaia este domingo, inicialmente considerado un "aterrizaje fantasma" por la falta de información, finalmente recibió una explicación oficial, pero no logró disipar el clima de sospecha que se apoderó de Tierra del Fuego. La Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires aclaró que se trató de una delegación bipartidista del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, quienes viajaron para abordar temas técnicos sobre minerales críticos, residuos mineros y salud pública. Sin embargo, la aeronave utilizada, de características militares y equipada con sistemas de comunicación encriptada, mantuvo en alerta a sectores locales.
La reacción del gobierno provincial fue de total desconfianza, particularmente por la falta de comunicación previa con las autoridades locales. Emiliano Fossatto, secretario jurídico de Tierra del Fuego, expresó que la visita generó "mucha inseguridad" y cuestionó la falta de transparencia sobre la agenda de los congresistas estadounidenses. La ubicación estratégica del puerto de Ushuaia, clave en la logística internacional, alimentó aún más las especulaciones sobre una posible cesión de control a Estados Unidos, algo que la oposición vinculó directamente con la construcción de una base naval conjunta en la región.
El malestar aumentó cuando la senadora nacional Cristina López exigió explicaciones urgentes al Poder Ejecutivo sobre la Base Naval Integrada en Ushuaia. López, quien en sus redes sociales denunció que Tierra del Fuego "no es una base militar extranjera", cuestionó si el gobierno argentino estaba cerrando acuerdos a espaldas del Congreso, alimentando teorías sobre una base binacional que podrían implicar una mayor injerencia de Washington en la región. A pesar de los desmentidos del Gobierno, la visita de la delegación estadounidense y los recientes movimientos en el puerto reavivaron el debate político.
El Boeing C-40 Clipper, que partió de la Base Conjunta Andrews en Maryland, hizo escalas en Puerto Rico y Buenos Aires antes de aterrizar en Ushuaia, lo que para muchos sectores fue un símbolo de "atropello a la soberanía". La aeronave, diseñada para el transporte de altos funcionarios del Congreso y el Gabinete estadounidense, operó bajo el código RCH, utilizado por el Comando de Movilidad Aérea, lo que inicialmente alimentó las sospechas de que los pasajeros eran militares de alto rango. La falta de explicaciones claras sobre los fines de la visita generó un escenario de creciente desconfianza en la población fueguina.
Este episodio se da en un contexto de creciente tensión, tras la intervención del puerto de Ushuaia por parte del Gobierno nacional, que desplazó a las autoridades locales y desvinculó a trabajadores. Para el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, esta medida representó un "avasallamiento al federalismo" y un posible paso hacia la cesión de concesiones logísticas a Estados Unidos. Aunque la construcción de la Base Naval Integrada, que busca centralizar la logística antártica, aún está lejos de completarse, las frecuentes visitas de altos mandos del Comando Sur de Estados Unidos reavivaron el temor de que la obra termine siendo utilizada para fines militares, lo que alimenta aún más el debate sobre la soberanía argentina en la región.
