Ley de hidrocarburos

El petróleo es nuestro

viernes, 25 de julio de 2014 · 10:39
Mientras yo sea gobernador, el petróleo va a ser absolutamente nuestro y la igualdad social está garantizada”, dijo ayer Martín Buzzi en claro tono de respuesta al proyecto del Gobierno nacional para impulsar una nueva ley de hidrocarburos que las provincias productoras vienen resistiendo.
Sin entrar en polémica directa con la Casa Rosada, Buzzi eligió pronunciar algunas frases contundentes para expresar que en su rol de gobernador y presidente de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI) no van a negociar algunos puntos que los mandatarios provinciales consideran lesivos para los intereses de sus distritos.
Ayer, en el acto por el aniversario de Rada Tilly, Buzzi realizó una defensa férrea de la potestad de los recursos del subsuelo y de la Ley Provincial de Hidrocarburos: "El municipio de Rada Tilly, por ejemplo, recibió 7,8 millones de pesos más a partir de la aplicación de este marco regulatorio”, indicó.

Renta petrolera
"Al día de hoy, el 83% de la producción de petróleo de esta provincia está atravesada por esta ley. Esta es una norma que marca cómo se produce y distribuye la renta, y que no llega al Estado provincial solamente, sino de manera directa a cada uno de los municipios, y no por la obediencia que tenga un intendente a un gobernador, sino por la libertad institucional que nos une”, dijo Buzzi.
El gobernador manifestó, además, que "hace ya ocho semanas está instalada a nivel nacional la discusión sobre la Ley de Hidrocarburos. Para nosotros, dentro de la Ley Corta todo, fuera de la misma, nada”, sentenció.
"Le vamos a dejar a la generación que sigue la misma capacidad de decisión que logró esta generación a partir del gobierno de Néstor Kirchner, donde los recursos los maneja la gente que camina arriba de este subsuelo”, agregó. "Vamos a defenderlo como sea, tranquilos, para adelante a seguir remando”, recalcó.

Borrador de la discordia
La reacción de Buzzi, en parte, se debió a que el Gobierno nacional y la petrolera YPF, la principal interesada en avanzar con el nuevo marco petrolero, filtraron en la prensa un borrador de 40 páginas que no hace más que confirmar que la intención es presionar a las provincias para que cedan parte del terreno que ganaron con la Ley Corta que impulsó Néstor Kirchner durante su presidencia.
El borrador incorpora nuevos criterios sobre la renta petrolera que reciben las provincias, fija topes a impuestos provinciales para la actividad y elimina otros, fija un régimen de promoción de inversiones y contiene regulaciones ambientales.
Según la propuesta, que es resistida por los gobernadores OFEPHI, las regalías tienen un techo del 12% y el Poder Ejecutivo Nacional se reserva la facultad de reducirlas hasta un 5%.
Sobre los impuestos locales, las provincias sólo podrán cobrar hasta un 3% de Ingresos Brutos y elimina a los Sellos sobre los contratos.
En cuanto a la intervención de las empresas provinciales de petróleo, un tema que generó más resistencia en la provincia de Neuquén por la cada vez más influyente presencia de la estatal GyP (similar a la chubutense Petrominera), determina que "en el futuro” no se harán reservas de áreas a favor de entidad con participación estatal.
El proyecto incorpora, además, el régimen de promoción ya concedido por decreto para proyectos que superan inversiones directas de 250 millones de dólares.

Puntos en pugna
Ayer, algunos analistas vinculados a los intereses provinciales les acercaron a los gobernadores más expuestos en su pelea con la Nación (además de Buzzi, el neuquino Jorge Sapag y el mendocino Francisco "Paco” Pérez), un primer análisis del borrador que el Gobierno nacional quiere cerrar en el corto plazo.
En el caso de las concesiones actuales que ya renegociaron por 10 años más sus bloques, ahora tendrían derecho a solicitar una extensión por otros 10 años. La contrapropuesta de Buzzi y Sapag no niega esa posibilidad pero la supedita al pago de un canon de reingreso al área pagadero por única vez. Su valor se determinaría de manera proporcional con las reservas probadas (P1) y probables (P2) remanentes en cada concesión.
Es la metodología que utilizaron la mayoría de las provincias petroleras (Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Mendoza) para renegociar las áreas que vencían en 2016 y 2017. Ayer, el diario Río Negro aportó un dato clave en este sentido: Neuquén recaudó cerca de 700 millones de dólares cuando prorrogó la mayoría de sus concesiones petroleras en 2008/2009.
Otro aspecto es el pago de regalías adicionales del 3% para las compañías que soliciten una nueva prórroga por 10 años de sus yacimientos. Las provincias quieren que esa alícuota pueda trepar, en algunos casos, hasta el 4%.
Mientras el borrador establece que las petroleras deberán destinar un 0,5% de sus ingresos a actividades de RSE (Responsabilidad Social Empresaria) y un 1% a obras de infraestructura, la contrapropuesta de los gobernadores patagónicos prevé que las provincias puedan solicitar por su cuenta financiamiento puntual para obras de infraestructura en las zonas de influencia donde se encuentren los yacimientos.
Otro de los puntos que separan las aguas es la existencia de las empresas hidrocarburíferas de los Estados provinciales: la nueva ley petrolera corta de cuajo la posibilidad de que los Estados provinciales reserven para sus petroleras provinciales áreas petroleras.
Buzzi y Sapag respondieron en consultas privadas que este artículo no tiene sustento legal porque va en contra de algunas constituciones provinciales. Además, prohíbe la inclusión de un acarreo (carry) –la modalidad elegida por los gobernadores para conservar una participación minoritaria de los yacimientos sin que eso implique invertir dinero- a favor de las petroleras provinciales (Petrominera en Chubut, Gas & Petróleo en Neuquén y Emesa en Mendoza) en la licitación de bloques de exploración.
Las provincias interpretan que, al no poder recurrir a ese mecanismo, la captación provincial sobre la renta petrolera se verá seriamente afectada. Por lo que reclaman alternativas –podría ser un canon de ingreso a los bloques- que compensen esos ingresos para las arcas provinciales.
El contrapunto no parece estar cerca de ser zanjado. A favor de los gobernadores está que buena parte del Gobierno nacional está enfocado en resolver el conflicto con los fondos buitre. Pero todos saben que agosto va a ser un mes clave para definir quién tiene más poder de negociación. Y si hay margen para ceder lo que haga falta sin que la sangre llegue al río. 

Fuente: Diario Jornada

Comentarios