El dilema actual del default y el futuro de captar la renta petrolera

Con urgencias muy distintas, la salida del coyuntural default y el reparto de la futura renta petrolera son dos dilemas que enfrenta no sólo la actual administración de Gobierno sino los políticos ligados a la oposición, que especulan con un lugar de poder desde fines del 2015.

Ambas cuestiones quedaron circunstancialmente ligadas en la última aparición pública que hicieron los ex secretarios de Energía, cuyos recurrentes cuestionamientos a la política del rubro suelen ir  más allá, rozando otras cuestiones macroeconómicas fundamentales.

El núcleo integrado por Emilio Apud, Enrique Devoto, Alieto Guadagni, Daniel Montamat, Jorge Lapeña, Julio Aráoz, Roberto Echarte y Raúl Olocco es pluripartidista pero con neto dominio de peronistas o técnicos que formaron parte de gobiernos de este signo. Desde este lugar objetan y, al mismo tiempo, atenúan las propuestas que podrían resultar muy osadas.

El tándem salió al ruedo el lunes para cuestionar los cambios al proyecto de Ley de Hidrocarburos que impulsa la Nación con el fin primario de limitar el poder de las provincias a la hora de licitar áreas y formalizar contundentes ventajas para los inversores. Ambos son  móviles que los aludidos ex funcionarios también comparten.

Sus críticas estuvieron centradas en la falta de oportunidad de esos cambios legales y la supuesta aberración de prorrogar automáticamente las licencias a las empresas que hoy están operando en el mercado, uno de los varios puntos incluidos en el proyecto legal en ciernes. Dos críticas que tienen sólo una parte de la razón.

A decir de los ex secretarios, el momento no resulta apropiado porque con el país en default resulta inútil cualquier anzuelo para potenciales inversores y porque es mejor dar un debate amplio sobre la ley que se quiere cambiar, incluyendo también a las provincias no petroleras.

En rigor, ellos también saben que la renuencia inversora no tiene relación directa con lo que suceda en el frente externo y que lo que más desanima a las petroleras (foráneas o locales) son otras condiciones como las intervenciones del Estado en la fijación de los precios o las dificultades para remitir utilidades al exterior.

El planteo de los otrora funcionarios se vuelve más interesante cuando proponen discutir cómo todos los argentinos podrían beneficiarse de la renta petrolera, en particular si se piensa que en algún momento podría producir a pleno Vaca Muerta, la enorme promesa geológica de Argentina, que la ubica segunda en el ranking mundial de gas y cuarta en la de petróleo no convencional.

Idea políticamente tan inobjetable como controvertida. Hay  claridad en el enunciado del principio pero no en cómo honrarlo.

Les incomoda y mucho la pregunta de si proponen la creación de un impuesto específico que alimente las arcas nacionales. Quizás porque saben que eso ahuyentaría a los inversores que se quiere seducir y porque sería muy difícil de compatibilizar con los gravámenes (empezando por las regalías) que aplican las provincias, dueñas del recurso.

Guadagni, ex secretario de Eduardo Duhalde, esboza la sugerencia de aplicar un bono anual sobre la producción de gas y petróleo en base a un precio "real” de esos productos. Sólo una idea en estado germinal.

La otra protesta medular de los ex es que el proyecto para modificar la ley 17.319 automatiza las prórrogas de derechos para operar áreas a quienes ya están en ellas, evitando que entren nuevos jugadores tal vez más eficientes, marginando a muchos que están como titulares de áreas pero sin invertir un peso para desarrollarlas. Este mecanismo –que también concede a quien ya está la exclusividad para buscar no convencionales en su área– perpetuaría hasta el 2060 a esos actores y podría propiciar acuerdos poco transparentes con los gobiernos provinciales para la extensión.

Para ejemplificar la necesidad de renovar el staff inversor, aluden a que la producción de hidrocarburos en el primer semestre del año cayó cerca de un punto, mientras que la de YPF subió un 7%, a fuerza de mayores inversiones. Estrategia que el resto no imita.

Es cierto que ampliar las licencias a los actuales operadores limita el ingreso de otras empresas. Pero es igualmente cierto que si no tienen un horizonte temporal más largo, las que hoy están son aún más reticentes a invertir: si saben que en un lustro pueden perder su derecho a explotar un área, difícilmente desembolsen para explorar o hacer desarrollos. Aquí un dilema político real.

Es igualmente real que, según la redacción del artículo del proyecto de ley bajo discusión, los actuales concesionarios podrán obtener su prórroga sólo si cumplieron con las inversiones comprometidas, si el plan para futuro es aprobado por la provincia en la que está radicada la explotación y, naturalmente, si se avienen a pagar un15% de regalías, tres puntos más que las 12 que se fijarán como máximo.

Las opiniones (y, en parte, la razonabilidad de las ideas) también está fragmentada cuando desde el arco político se opina sobre las consecuencias de la cesación de pagos, limitada y coyuntural, que Argentina podría resolver en el corto plazo.

Mientras dirigentes opositores como Mauricio Macri o líderes empresariales como el presidente del Instituto del Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) y coordinador del Foro de Convergencia Empresarial, Miguel Blanco, opinan que se debería pagar a los fondos buitres ya, acatando sin vueltas el fallo de Thomas Griesa y después ver, otros apuestan a desoírlo, explorando alternativas que el Gobierno aún no habría transitado para un eventual acuerdo.

Ricardo Delgado, uno de los economistas referentes del  Frente Renovador, considera "necesario acodar, aunque no a cualquier precio”.

Finalmente, en ningún caso la sangre llegaría al río, ya que si bien el default puede agravar la escasez de dólares, el grueso de los problemas pasan por otro lado.

"Esto no es el 2001. El sistema financiero es sólido y, salvo un problema de corto plazo de iliquidez de dólares, no hay una situación de insolvencia”, tranquiliza el técnico ligado a Sergio Massa.

Fuente: Diario Bae