REINCIDENTE
Ejerció la abogacía con la matrícula suspendida
Inició un trámite sucesorio mientras estaba inhabilitado. En 2007 fue condenado por una estafa de 2,3 millones de pesos.
Un abogado que en 2015 fue condenado a prisión en suspenso y a donar dinero a Cáritas por haber estafado al Consejo Provincial de Educación (CPE) en 2,3 millones de pesos, fue nuevamente imputado por ejercer la abogacía teniendo suspendida su matrícula.
La fiscal de Delitos Económicos Elisa Carossio acusó este viernes a Manuel Quezada de los delitos de estafa y usurpación de títulos, pero la jueza que dirigió la audiencia de formulación de cargos sólo lo imputó por el uso ilegal del título.
La teoría del caso que investiga la fiscalía es que en el período comprendido entre agosto y octubre de 2017, Quezada ofreció sus servicios como profesional del derecho a tres hermanos que necesitaban llevar a cabo un trámite sucesorio. Para ello les solicitó una suma de dinero que recibió bajo la confección de un pagaré.
Al momento de hacerlo, el imputado se encontraba inhabilitado para ejercer como abogado por el Colegio de Abogados por un plazo de 6 meses debido a una condena impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén en una causa por delitos en contra de la administración pública y falsificación de documento público.
La jueza de garantías encargada de dirigir la audiencia avaló la formulación de cargos de forma parcial e imputó al acusado por el delito de usurpación de títulos. En cuanto a la estafa expresó que, si bien el acusado recibió dinero por parte de los damnificados, confeccionó y entregó un pagaré por lo cual no se le puede atribuir.
Quezada cobró notoriedad cuando en 2015 fue condenado por el Tribunal Oral Federal por haber cobrado, utilizando documentación falsa, 2,3 millones de pesos que el CPE debía abonarle a una mutual.
La maniobra se desencadenó cuando en noviembre de 2007 el CPE abonó 2,3 millones de pesos a la Justicia, que debían ser girados a La Caja. Pero Quezada falsificó la documentación y logró que la justicia le librara un cheque a su nombre por los 2,3 millones de pesos, que cobró pocos días después en la sucursal local del Banco de la Nación Argentina (BNA).
En esa oportunidad, los jueces Eugenio Krom, Orlando Coscia y Armando Márquez lo condenaron a tres años de prisión en suspenso, una inhabilitación por seis meses para ejercer la abogacía, a una multa de 70 mil pesos y a donarle a Cáritas 250 mil pesos.
