Desde hace más de 30 años, Alejandro Gatica es el Secretario General del sindicato de empleados legislativos de Río Negro. Su permanencia ininterrumpida en el cargo le permitió defraudar al estado por unos 40 millones de pesos y 172 mil dólares, Fondo Social de Vivienda creado por ley para ser administrado por gremio. La justicia lo llevó a juicio y deberá pagar 15 millones, además de una pena de prisión en suspenso.
Gatica aceptó la autoría de los hechos y de esta manera concluyó con un Juicio Abreviado la causa que tuvo a 14 imputados, pero sólo el Secretario General y su ex tesorera Stella Maris Sale, quien también fue enjuiciada, pidió probation con un resarcimiento en 2,3 millones de pesos y realizar tareas comunitarias, pero esto debe ser analizado por el juez.
Tras un acuerdo previo, por el cual llegó a Juicio Abreviado, Gatica pidió la palabra delante del juez y dijo con voz clara: “Si, lo acepto tal cual como lo planteó el Ministerio Público Fiscal”. De esta manera reconoció la maniobra fraudulenta perpetrada contra el Estado desde 2.010 hasta 2.018. También, se acordó la pena de 3 años de prisión en sus pensó, la entrega de 5 terrenos en la Costanera de Viedma, valuados en 150 mil dólares cada uno, pero que no están a su nombre, y pautas de conducta.
Ante la sentencia penal, también deberá ser exonerado de la Legislatura de Río Negro, porque como Secretario General de la Asociación de Empleados Legislativos (APEL) fue "autor de defraudación por administración infiel y por abuso" en, al menos, 40 millones de pesos y 172.000 dólares de dinero público correspondiente al Fondo Social de Vivienda creado por ley para ser administrado por el sindicato.
El "manejo de fondos públicos deficiente, incompleto y confuso", sin comprobantes de adquisición y desdoblamiento de cheques para "imposibilitar el control"; desaparición de más de 2 millones de pesos en relación a lo ingresado y lo rendido; y la compra irregular de lotes en Las Grutas, en el Balneario El Cóndor y en Bahía San Blas (compradas por Gatica a título personal), son algunas de las acusaciones que pesaron en su contra y que fueron descritas por el fiscal Juan Pedro Puntel.
Además, vendió lotes sociales a personas que no eran empleados legislativos y que tomaron la oportunidad como inversión inmobiliaria comprando, incluso, más de un lote. También, de usar el dinero público con destino no autorizado como la compra de dólares que nunca fueron rendidos y de los que se desconoce su destino.
La ex-Tesorera Sale, fue acusada como "partícipe necesaria" en los mismos hechos y maniobras, pero la Defensa pidió la suspensión de juicio a prueba que no implica reconocer la autoría pero conlleva acciones para remediar el daño. Y para ello ofreció 200 horas de tareas comunitarias en merenderos de Viedma durante 3 años. Y una compensación económica en 38 cuotas de 60 mil pesos mensuales, con un plus extra de 40.000 pesos en las cuotas 13 y 25.
La Fiscalía mantuvo su oposición a dar el beneficio de una probation por lo que la decisión quedará en manos del juez Marcelo Alvarez.