El juicio por la millonaria estafa con planes sociales que habría funcionado en Neuquén entre 2020 y 2022 sumó un capítulo clave esta semana. La exfuncionaria Griselda Cittadini, quien fue directora general de Administración en el Ministerio de Desarrollo Social, brindó un testimonio que expuso con crudeza el funcionamiento interno de la maniobra y puso en el centro de la escena a Tomás Siegenthaler, Abel Di Luca y Ricardo Soiza, tres de los 14 imputados. Siegenthaler se desempeñaba como Coordinador Provincial de Administración; Di Luca era ministro de Desarrollo Social y Soiza ocupaba la dirección general de Gestión de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo.
"Se trabajaba mal, se omitía la ley", afirmó Cittadini en la audiencia, donde señaló que los expedientes para justificar los subsidios se armaban hasta tres meses después de los pagos, sin coherencia ni correlatividad. Según relató, era un auditor —también acusado— quien se encargaba de darle el visto bueno a la documentación para aparentar legalidad.
Además, la exfuncionaria aseguró que en la cartera "se adulteraban facturas" destinadas al pago de contrataciones, y denunció que se libraban cheques por montos menores a 50 mil pesos que podían ser endosados, lo que abría la puerta a manejos discrecionales. “La provincia se prendía fuego si no pagábamos, y había que hacerlo”, recordó como la respuesta que recibía ante sus objeciones.
Otro de los pasajes más fuertes de su declaración fue cuando aseguró que la entonces ministra de Desarrollo Social, Adriana Figueroa, no tenía poder real en la gestión: "Muchas veces me llamó pidiéndome por favor que intercediera ante Tomás (Siegenthaler) para tener un viático, porque era ministra y no tenía ni viáticos", relató.
De acuerdo con su testimonio, las decisiones pasaban por Siegenthaler, Di Luca y Soiza, quienes definían el circuito de los subsidios que, en muchos casos, no llegaban a los destinatarios.
La maniobra según la fiscalía
La acusación que llevan adelante el fiscal jefe Pablo Vignaroli y el fiscal Juan Narváez sostiene que la organización delictiva pedía al Tesoro provincial sumas millonarias sin detallar el número de beneficiarios, y luego “dibujaba” los expedientes para encubrir las inconsistencias.
El análisis contable realizado por la perito Agustina Martínez detectó que entre enero y junio de 2022, al menos 1.577 personas figuraban como beneficiarias de planes sociales pero nunca cobraron un solo peso. En otros casos, algunos percibieron menos de lo aprobado o directamente no estaban en los listados, aunque igual cobraban.
Un ejemplo ilustra la maniobra: en enero de 2022, el ministerio tramitó un subsidio para 4.863 personas, pero los registros bancarios confirmaron pagos a solo 3.740. La diferencia —1.123 beneficiarios fantasma— se repite en distintos meses del período investigado.
Los grupos "Rivadavia" y "Anaya"
Según la investigación, los listados se confeccionaban en la oficina de Planes Sociales de calle Rivadavia 46, donde operaban Soiza, Néstor Pablo Sanz y Marcos Osuna, conocidos como el “Grupo Rivadavia”. Desde allí, los nombres llegaban por correo electrónico a la sede de Anaya y Planas, al Ministerio de Desarrollo Social, donde entraban en acción Siegenthaler, Di Luca y Laura Reznik, entre otros.
La documentación se completaba tiempo después con el sello de aprobación de la Contaduría General, lo que cerraba el círculo de legalidad.
