Condenan a dueña de la empresa por pintor que se electrocutó

Una mujer, responsable de una empresa en la que un operario murió al recibir una descarga eléctrica mientras trabajaba, fue condenada este viernes a un año y ocho meses de prisión por homicidio culposo. Quedó probado en el juicio que no proveyó los elementos de seguridad necesarios. Quien oficiaba de jefa de seguridad e higiene, había accedido a una probation en 2019.

La condena recayó en Norma Nélida Mendoza Montecino, propietaria de una empresa de servicios de construcción. La fiscal Carolina Mauri había solicitado dos años y medio de prisión en su alegato final en el juicio que demandó tres jornadas.

Montecino fue declarada penalmente responsable del homicidio culposo del que resultó víctima Erick Ángel Bravo Araya, de 21 años, quien murió electrocutado mientras realizaba un trabajo de pintura en un monoblocks de Lago Huechulafquen y Abraham de Neuquén capital, el 17 de marzo de 2017 tras recibir una descarga eléctrica de una línea de media tensión.

Durante la audiencia de determinación de pena realizada este jueves, la representante del Ministerio Público Fiscal pidió que se impongan dos años y seis meses debido a que la escala penal para este tipo de delito oscila entre uno y tres años de prisión.

Los agravantes que la fiscal del caso tuvo en cuenta para requerir el monto de la pena son la gravedad del hecho, la naturaleza de la acción y la extensión del daño, mientras que como atenuantes valoró la ausencia de antecedentes penales y la edad de la víctima.

Mauri requirió también que se impongan las siguientes reglas de conducta conductas previstas en el Código Penal: fijar domicilio; abstenerse de consumir estupefacientes y de abusar del consumo de alcohol; someterse al control de la población judicializada por cuatro meses; acreditar la realización de un curso de capacitación en seguridad e higiene de 80 horas y realizar la misma cantidad de horas de trabajo no remunerados en beneficio de una institución de bien público.

El abogado particular que intervino como querellante Javier Pino Muñoz, adhirió al pedido de la fiscalía y además solicitó la inhabilitación especial para el ejercicio de la actividad de la construcción tanto pública como privada por el mismo plazo de la pena.

El juez de garantías a cargo de la audiencia impuso a la mujer la pena de un año y ocho meses de prisión de ejecución condicional. Además, avaló las reglas de conducta y la inhabilitación solicitada por las partes acusadoras.

Luego del juicio la fiscalía probó la responsabilidad penal de Mendoza Montecino en la muerte de Bravo Araya como consecuencia de “no haber observado los deberes a su cargo, en las condiciones de realización del trabajo que realizaba el mismo, ni proveyó los elementos de seguridad adecuados y exigidos por la normativa vigente”.

Por esta misma causa también estaba acusada una profesional encargada de seguridad e higiene que trabajaba en la empresa y que en 2019 suspendió el proceso a prueba, bajo el cumplimento de una serie de reglas de conducta y, entre otras obligaciones, realizar y dictar cursos relacionados con reglas de seguridad.