Estafa con planes sociales: 20 imputados de asociación ilícita

El ex director de Planes Sociales de la provincia, Ricardo Soiza y sus hombres de confianza Marcos Osuna –jefe de departamento de Gestión y Programas- y Néstor Sanz, -director de Fiscalización-, fueron acusados este martes como los jefes de una asociación ilícita que con la que cometió un fraude por unos 63 millones de pesos con tarjetas de débito de planes sociales. Otras 17 personas también fueron acusadas: algunas como reclutadoras de beneficiarios ficticios y otras como extractoras del dinero en los cajeros automáticos.

El fiscal jefe, Pablo Vignaroli, tuvo a su cargo la acusación para los 20 imputados a quienes la jueza Estefanía Sauli imputó los delitos de asociación ilícita en concurso real con defraudación especial por el uso de tarjetas de débito y fraude a la administración pública.

Vignaroli solicitó que, por la multiplicidad de imputados y de hechos investigados, se declare el caso “complejo” y se extienda la investigación por espacio de un año. No tuvo oposición de las defensas.

La causa está en etapa preliminar y abarca el período comprendido entre enero y julio de este año, por lo que Vignaroli adelantó que la formulación de cargos podría ampliarse a futuro.

El fiscal jefe detalló que, hasta el momento, la investigación pudo detectar roles y funciones en el marco de la asociación ilícita para el período enero-julio de 2022, con total de 4.335 extracciones y un perjuicio de casi 64 millones de pesos. Sostuvo que, con el desarrollo del año de investigación, se incrementarán montos y personas acusadas, en tanto que las maniobras se remontarían al menos hasta 2020.

El caso se conoció por la denuncia realizada por las autoridades del Banco Provincia de Neuquén.

La audiencia de acusación fue muy extensa y Vignaroli detalló los roles de cada uno de los imputados en la defraudación.

El fiscal señaló que Soiza como jefe, más Sanz y Osuna “estaban al frente de una organización en la que otros empleados del ministerio de Desarrollo Social reclutaban beneficiarios para un programa social para personas desocupadas y, autorizando aumentos en el monto del beneficio, falsificando planillas y realizando extracciones con tarjetas de débito retenidas a los beneficiarios, realizaban una defraudación sostenida en el tiempo por un monto superior a los 63 millones de pesos”.

Los empleados del ministerio acusados de ser quienes “reclutaban beneficiarios”, Vignaroli mencionó a Cristian Vergara, Marcela Albornoz, Gustavo Mercado, Carolina Hernández, Barra Tolosa, Isabel Montoya, Roxana Tarifeño y Pamela Rivas.

Y les atribuyó el haber actuado como “extractores” (cuyas identidades fueron corroboradas por las cámaras de los cajeros automáticos) a Analía Scherer, Paola Zeballos, Pamela Cea, Isabel Montoya, los funcionario Marcos Osuna y Néstor Sanz, Lucía Soto, Cristian Javier Vergara, Valeria Onorio, Fernando Cardozo, Emanuel Contreras y Victoria D’Ángelo.

La fiscalía también solicitó embargos e inhibiciones generales de bienes por el término de un año con el fin de cautelar el proceso.

La jueza Estefanía Sauli además de dar por formulados los cargos, dispuso el embargo del 20 por ciento de las cuentas las bancarias de los imputados, exceptuando las cuentas sueldo, las cuentas plan y las cuentas judiciales por alimentos, e hizo lugar a la inhibición de bienes generales y diversos embargos por el término de 6 meses con el fin de asegurar que los acusados se sometan al proceso penal.

El fiscal Pablo Vignaroli, dio detalles de las acusaciones en declaraciones a Mejor de Tarde, por AM550. Fue terminante al señalar que "por el cargo que ocupaba y por tener acceso a disimular la maniobra, es Ricardo Soiza".