Atahualpa Martínez Vinaya fue visto con vida por la última vez en un bar durante la madrugada del 15 de junio de 2008. Su cuerpo apareció en un descampado, con un tiro en la espalda que le causó la muerte tras casi una hora de agonía. La familia del joven de 18 años debió pelear constantemente contra las graves deficiencias que demuestra la Justicia rionegrina a la hora de resolver casos complejos. La lucha se convirtió en una agonía que ya lleva 14 años. Con una extensa investigación archivada y sin encontrar culpables, el Estado provincial fue condenado a pagar una millonaria indemnización por "falta del servicio judicial".
La condena firmada por el juez Contencioso Administrativo, Julián Fernández Eguía, valoró los daños ocasionados tras las frustradas investigaciones que no condujeron absolutamente a nada. La demanda fue presentada por los familiares del joven de 18 años de un marcado perfil social, que esperaba terminar el secundario para viajar a Cuba, donde ya había sido beneficiado con una beca para estudiar medicina.
El magistrado en su fallo de más de medio centenar de fojas, resolvió a favor de la demanda planteada por los familiares de Atahualpa por los por los daños y perjuicios ocasionados porque la “negligencia, omisión y disfuncionalidad" de la Justicia rionegrina. De todas maneras entendió que no se valoró "el daño provocado" por la muerte, sino que se pretende indemnizarlos por "los padecimientos sufridos a partir del derrotero procesal analizado". Y valoró "que lleva más de 14 años afectando su cotidianidad y en definitiva sus proyectos de vida".
Para redactar la sentencia, tuvo en cuenta el trabajo de la Comisión Legislativa que concluyó "una serie de irregularidades detectadas durante el proceso, como asimismo de logística, información y organización de la policía como auxiliar de la Justicia". Y remarca que "del conjunto de operadores judiciales y sus auxiliares se derivó en la impunidad del asesinato".
En el expediente consta todo lo que se hizo y sus múltiples falencias. Hubo allanamientos anulados (se encontró una campera con manchas de sangre perteneciente a Atahualpa), y dos juicios con imputados absueltos. También intervino el Consejo de la Magistratura que derivó en una mínima suspensión de la entonces fiscal Daniela Zágari por apenas 50 días y después beneficiarla en un concurso para ser juez, pero el organismo entendió que el hasta hoy juez Carlos Reussi no merecía ninguna sanción.
La demanda fue iniciada por el padre, la hermana y el sobrino de Atahualpa, ya que su mamá, Julieta Vinaya murió en 2018 sin encontrar respuesta por el crimen de su hijo.
La sentencia indica que Río Negro por su mal servicio de Justicia debe pagar 6 millones de pesos, aunque el costo del proceso será un millón y medio más porque deberá abonar las costas y honorarios a los abogados y peritos intervinientes.