Una salida, un balazo en la espalda y 15 años de impunidad

Como la mayoría de los pibes de 18 años, Atahualpa Martínez Vinaya estaba cargado de sueños y proyectos. Era casi un hecho que cuando termine quinto año su vida continuaría en Cuba, donde ya tenía gestionada una beca para estudiar Medicina. También, participaba de acciones solidarias y salía con amigos. Precisamente la última vez que alguien lo vio con vida fue en un bar, luego su cuerpo apareció en un descampado, con un tiro en la espalda que le causó la muerte luego de casi una hora de agonía.

A 15 años del crimen del joven viedmense, no hay culpables y no se sabe quiénes, dónde y por qué lo mataron. El tratamiento de la causa judicial fue un escándalo que quedará como ejemplo de la inacción. En un primer momento el juez Carlos Reussi demoró cuatro años en activar el expediente y recién en 2013 elevó la causa a juicio, para que un año después los tres acusados, Belén Barrientos, Felipe Carrasco y Carlos Morales Toledo fueran absueltos.

El recurso de casación de la familia de Atahualpa llegó al Superior Tribunal de Justicia que anuló la sentencia y nuevamente los tres jóvenes, que fueron vistos en el bar Miloka, por donde pasó la víctima antes de ser asesinado, tuvieron la misma suerte en el juicio que comenzó en abril de 2019.

Sin más pruebas, el año pasado el expediente fue archivado tras una agonía en la que quienes debían investigar y la comisión especial de la Legislatura no encontraran nuevas pruebas que permitan encontrar al o los asesinos.

Atahualpa salió con amigos el sábado 14 de junio de 2008, fue al boliche y antes de ir a su casa a dormir, pasó por Miloka a comer algo. Pasaron 15 años y no se sabe cómo el joven apareció tirado en un descampado, a unos 5 kilómetros del bar, cerca de la planta transformadora de electricidad. La autopsia determinó que tenía un disparo calibre 22 que le ingresó por la espalda y que estuvo casi una hora tendido en el piso agonizando.

La madre del joven, Julieta Vinaya, ya fallecida, peleó contra todo y consiguió que en la Legislatura rionegrina la escucharan. Se formó una comisión investigadora que no sirvió para encontrar al autor del disparo, pero si para que saliera a la luz las importantes fallas que tuvo la investigación, con graves cuestionamientos hacia el trabajo policial, de la fiscal Daniela Zágari y del juez Carlos Reussi, que continúa hasta hoy dentro de la estructura judicial rionegrina.

Una de las principales pruebas que sirvieron para que los imputados llegaran a juicio, fue una campera con manchas de sangre encontrada en la casa de Felipe Carrasco, pero que pertenecía a Carlos Morales Toledo. Si bien fue encontrada en 2008, recién se incorporó al expediente 4 años más tarde. Las pruebas de ADN estuvieron seis meses después del crimen, pero la familia de Atahualpa nunca fue notificada.

La familia recién en 2015 se enteró que tanto la fiscal Zágari como el entonces juez de instrucción, Reussi sabían desde julio de 2008 que la sangre hallada en la campera era compatible con la de Atahualpa. La defensa de los acusados logró que en el juicio se caiga la prueba por fallas procesales a la hora de hacer el allanamiento y secuestro de la prenda. En 2018, se hizo un segundo ADN sobre los restos, pero habían pasado muchos años y no se pudo identificar los rastros genéticos.

Aparentemente sin protección política, el Consejo de la Magistratura inició sumarios para Reussi, Zágari y el ex fiscal Ricardo Falca (reemplazante por unos días de la fiscal de la causa) por mal desempeño de sus funciones. Pero los sumariantes hicieron zafar al Juez, Falca por haber estado poco tiempo y no haber tomado decisiones trascendentales, también quedó afuera y la única que llegó al Juicio Político fue la entonces fiscal -ascendida a Jueza- que fue suspendida por apenas 50 días en diciembre de 2020.

Luego de la absolución de los acusados, el tribunal de Juicio decidió que la causa vuelva al Ministerio Público Fiscal para que continúe la investigación y que además siga las pistas de un narco local, Leonardo Mildenberger, una punta que la fiscal nunca quiso seguir pese a los informes de las investigaciones policiales, pero no hubo avances.

Tras la muerte de Julieta, la mamá de Atahualpa, la causa se paralizó totalmente, hasta que un día vía correo electrónico, el padre del joven recibió una notificación de la Justicia en la que le avisaban, sin que nadie diera la cara personalmente, que el caso se había archivado.