La mega estafa se manejaba desde la cárcel de Viedma

A fines de la semana pasada salió a la luz una investigación de la Policía neuquina que permitió desbaratar una banda que se dedicaba a hacer estafas telefónicas. Además de los detenidos que ya recuperaron la libertad, la Justicia tiene identificados a dos presos que desde su lugar de detención en Viedma y Neuquén realizaban el famoso cuento del tío para robar datos de tarjetas de créditos que después usaban para comprar materiales de construcción y electrodomésticos.

Uno de los presos que la Justicia tiene señalado como autor de vishing es Javier Orlando Antolini, un preso de 35 años oriundo de Roca, pero que pasó por varias prisiones de la provincia. Tiene entre sus antecedentes robos menores y ante su falta de eficacia cambió al rubro de las estafas telefónicas. Claro que para que este interno de la cárcel de Viedma pueda cumplir su rol en la banda, existen ciertos permisos por parte de las autoridades carcelarias.

La acusación se conoció durante la audiencia de formulación de cargos a tres hombres y tres mujeres bajo la carátula de asociación ilícita. Originalmente eran quince implicados en la fabulosa estafa cometida mediante el robo de identidad. En las más de 400 horas de grabaciones telefónicas se detectó que las maniobras las hacían los dos integrantes que están detenidos y que los cómplices que estaban en libertad eran los encargados de retirar la mercadería y de acopiarla para luego venderla.

Entre los acusados también se encuentra un cirujano neuquino con antecedentes de mala práxis en Estados Unidos, que además atiende en Catriel y Las Grutas y a él le habrían secuestrado una valija con 200 mil dólares, 200 mil pesos y algunos euros cuando estaba a punto de escapar.

En cuanto al uso de los celulares, en las cárceles de Río Negro está permitido. Si bien en un primer momento se planteó un protocolo para restringir y controlar su uso, nunca se puso en práctica por la cuestionada ministra Betiana Minor. Es que en teoría la reglamentación indicaba que los aparatos debían estar lacrados para que no se les pueda cambiar el chip y el número debía quedar registrado en una base de datos que manejarían los juzgados de Ejecución.

Además, también estaba prohibido el uso de teléfonos inteligentes, ya que no está permitido que tengan acceso a internet, redes sociales ni cámaras digitales y sólo estaban habilitados a usarlos durante 2 horas al día, para que los internos puedan mantener contacto con sus familiares. Pero nada de esto se puso en práctica.

Sin embargo nada de esto se puso en práctica. Si bien el Servicio Penitenciario registra los números que utilizan los presos, familiares o hasta empleados de las cárceles introducen nuevos chips que les venden a los internos como tantas cosas que se comercializan dentro de los gruesos y altos muros. El uso de los teléfonos móviles sin control les genera muchos ingresos a los presos. Además de las estafas, que muchas veces sirven para comprar otros aparatos más nuevos y tecnológicos, también son utilizados para que los internos mantengan vivos sus negocios afuera, como la venta de drogas.