La paritaria docente no estalló: fue detonada. Horas antes de que el gremio UnTER formalizara el rechazo y anunciara un paro de 48 horas para el inicio del ciclo lectivo, el Ejecutivo comunicó que con el aumento del 5,29% atado al promedio del IPC nacional y de Viedma quedaba cerrada la discusión salarial. Movimiento de anticipación puro. Hecho consumado. Control del timing. Exposición al gremio.
No fue un arrebato. Fue cálculo político. El Gobierno sabía que el "no" era inevitable y decidió llegar primero al sentido común: si el incremento ya está dado, indexado al promedio de inflación, cualquier medida de fuerza posterior puede presentarse como exceso, no como necesidad. El tablero cambió antes de que el Congreso sindical levantara la mano el viernes en Cipolletti.
Ahora bien, del otro lado tampoco hubo sorpresa. La nueva conducción de UnTER llegó con un perfil radicalizado con nula cintura para la negociación colectiva, por ideología y falta de experiencia. El conflicto aparece como identidad, no como última ratio. Esa lógica arrastra al sector al choque permanente y reduce el margen para descomprimir. Cuando la respuesta es automática, la negociación se vuelve ritual y le permite al adversario ganar margen para la jugada preventiva.
El dato no es menor: en las asambleas de las seccionales el rechazo no se centró en el aumento atado al IPC promedio entre Viedma y la medición nacional, un mecanismo que, en teoría, preserva poder adquisitivo, sino en la suma no remunerativa de 250 mil pesos a pagar en dos tramos. Allí se concentró la crítica: forma de liquidación, impacto en el salario básico, efecto en jubilaciones. El debate técnico terminó eclipsando el esquema de indexación, y esa focalización dejó flancos abiertos en la discusión pública.
Pero hay un detalle que vuelve la jugada todavía más punzante. Aunque el Ejecutivo presentó el anuncio como un cierre de paritaria, la letra fina habla de aumento para agentes estatales, policías y penitenciarios. No hay una mención explícita a los docentes. Y ahí aparece el arma silenciosa. Porque, más allá de los descuentos por los días no trabajados, una herramienta que el gobernador Alberto Weretilneck en esta gestión nunca negoció, también queda en manos del Ejecutivo decidir si liquida o no el incremento a los maestros en el contexto del rechazo formal del gremio. El Gobierno no sólo controló el timing, también conserva la llave administrativa y juega con la presión de las bases que hace cinco meses no tienen aumento en los sueldos.
Si el aumento se paga, el Ejecutivo podrá decir que cumplió pese al paro. Si no se paga, la presión recaerá con fuerza sobre la conducción sindical, que deberá explicar por qué sus afiliados no cobraron un incremento anunciado públicamente. En cualquiera de los escenarios, la tensión interna crece.
En paralelo, la estrategia oficial encontró viento a favor en otro frente: la aceptación previa de la oferta por parte de ATE. Con ese acuerdo en la mano, el Gobierno mostró contraste, aisló el conflicto docente y construyó la imagen de que el problema no era la propuesta sino quién la recibía. Aislamiento selectivo y mensaje a la sociedad: no todos están en guerra.
El Ejecutivo pegó primero en la narrativa. ¿Quién ganó la negociación? Nadie todavía. Lo que quedó expuesto es un deterioro del espacio paritario como ámbito real de acuerdo. De un lado, anticipación comunicacional con vocación disciplinadora. Del otro, una conducción dura que convierte cada acción en un ring con, casi siempre, los discursos y pancartas. Auqnue en esta oportunidad sumaron la caída de cargos en jardines de infantes en toda la provincia, por la incidencia de la caída de la natalidad en la provincia y la unificación (¿provisoria?) de las escuelas especiales 24 y 4.
La pregunta incómoda sigue ahí: cuando la paritaria se juega más en el timing y en la épica que en los números finos, ¿quién representa mejor el interés docente? Porque entre el cálculo frío y el choque permanente, las aulas vuelven a ser el campo de batalla y los alumnos siempre las víctimas.
