La reciente concesión del beneficio de prisión domiciliaria al financista Fernando Whpei, figura clave del Grupo Unión y dueño del mayor conglomerado de medios digitales de Río Negro, ha vuelto a poner en el centro de la discusión el alcance de su influencia y el impacto de sus negocios en la provincia. Junto a su hermano Guillermo, la familia logró un entramado financiero y comunicacional de gran peso, pero también polémico, que arrastra sentencias millonarias sobre prácticas abusivas contra miles de empleados públicos que esperan poder cobrar en el concurso preventivo de acreedores.
Fernando Whpei no es un simple empresario. Desde hace años, su nombre está ligado al sector financiero a través del Grupo Unión, una firma que ofrecía créditos a empleados públicos con una mecánica que generó enorme controversia: los montos adeudados eran descontados antes de que los salarios llegaran a las oficinas de liquidaciones del Ministerio de Economía de Río Negro. La tasa aplicada era considerada usuraria, dejando a miles de trabajadores con dificultades económicas severas. Este sistema generó múltiples denuncias e incluso investigaciones sobre la legalidad de la operatoria.
Al mismo tiempo, Whpei consolidó su dominio en el ecosistema de medios digitales de la provincia, logrando un control estratégico sobre la narrativa pública y el cobro de pautas millonarias desde el gobierno provincial.
Fernando Whpei beneficiado por la Justicia
La caída de Whpei comenzó cuando fue imputado en un caso de extorsión, en el que también está implicado el juez federal de Rosario Marcelo Bailaque. La acusación de los fiscales generó un fuerte impacto en el ámbito judicial y político, pero la reciente decisión del juez de Garantías Eduardo Rodríguez Da Cruz de concederle prisión domiciliaria generó nuevas críticas.
El argumento de la defensa de Whpei se centró en su contexto familiar: su hija tiene síndrome de Down y autismo, y su pareja enfrenta problemas de salud, lo que, según alegó, lo convierte en la única persona disponible para cuidarla. La fundamentación presentada fue considerada contundente por el juez y los fiscales, que no objetaron el traslado del financista a su domicilio en Rosario.
El impacto de esta decisión no es menor. En el mismo expediente, otros imputados recibieron beneficios similares, evitando la cárcel a pesar de que las penas previstas por los delitos que enfrentan son elevadas. El juez Bailaque, por ejemplo, podría cumplir prisión preventiva en su departamento en Rosario, en caso de ser destituido por el Consejo de la Magistratura.