El conflicto relacionado con la temporada de pesca del langostino en Argentina ha tomado un giro alarmante en los últimos días. Dos sindicatos de marineros, el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y el Sindicato Marítimo de Pescadores (Simape), que representa a los marineros de Mar del Plata, expresaron su rechazo frente a su sede local contra el Sindicato de Capitanes de Pesca, en medio de graves amenazas de muerte dirigidas a trabajadores de una empresa pesquera en Puerto Madryn.
El secretario de Pesca de la provincia de Chubut, Andrés Arbeletche, hizo pública una captura de pantalla con el mensaje amenazante enviado a algunos marineros. El texto advertía: “más vale que no firmes mañana, porque no pisás más Madryn. Acordate, te conviene, porque no vas a poder bajar del barco, hay una bala para vos”, acompañado por la imagen de un arma de fuego. Arbeletche subrayó en su red social X que “amenazar de muerte a un laburante es traspasar todo límite” y confirmó que la denuncia penal está siendo investigada con avances en el caso.
En respuesta, la “Intercámaras de la Industria Pesquera Argentina” emitió un comunicado en el que condenó la violencia y la extorsión sufridas por los marineros que desean trabajar y firmar acuerdos particulares con las empresas. En el texto, firmado por diversas cámaras del sector, se afirma que “la violencia y la intimidación no son el camino para lograr la paz social ni para fomentar el trabajo argentino”, y se destaca la importancia de la libertad para acordar condiciones laborales de manera voluntaria y consensuada.
Ante la gravedad de las amenazas, la policía de Chubut, con autorización judicial y bajo la supervisión de la jueza Patricia Reyes y de María Cárcamo del Ministerio Público Fiscal, realizó dos allanamientos en Puerto Madryn. Estos operativos se derivaron de denuncias realizadas por cuatro marineros dispuestos a firmar contratos con la empresa Conarpesa, propiedad de Fernando Álvarez Castellano, bajo acuerdos particulares que no respetan el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) vigente. En uno de los allanamientos se secuestró un teléfono móvil posiblemente vinculado al origen de las amenazas.
El SOMU, cuyo secretario general Raúl Durdos está vinculado con la familia Moyano, junto con Simape, se oponen a la adecuación del CCT. Oscar Bravo, vocero del SOMU, denunció que las empresas intentan convencer a los trabajadores de firmar contratos individuales que carecen de respaldo legal, insistiendo en que “lo único legal es lo que firmaron las entidades sindicales”. Por su parte, Pablo Trueba, secretario de Simape, afirmó que el acuerdo salarial fue cerrado y ratificado ante la Secretaría de Trabajo, con incrementos en los básicos y sin reducción de salarios, por lo que consideró injustificadas las demoras en la salida a la pesca y las imposiciones unilaterales fuera de los gremios.
Este acuerdo, sin embargo, solo abarca la parte fija de los salarios (los básicos del convenio), y no los ítems variables ligados a la producción, que representan la mayor parte de los ingresos de los marineros. Trueba acusó a las empresas de querer “romper la paz social” y advirtió que “si algo sucede en el puerto de Mar del Plata, los culpables son ellos”.
En paralelo, SOMU y Simape alcanzaron un acuerdo con Buenos Aires Pesca SA para retomar la actividad con los buques San Juan B y Pedrito, bajo el marco del CCT vigente y un esquema de pago transitorio hasta el 30 de septiembre. Esta acción busca romper lo que consideran un pacto tácito entre las cámaras langostineras Capip y Capeca.
Actualmente, la flota de buques congeladores «tangoneros», dedicados a la pesca de langostino, permanece amarrada desde hace diez meses, con un conflicto que comenzó hace 120 días, cuando debería haber iniciado la campaña. El paro afecta a 113 barcos y ha generado pérdidas estimadas en USD 200 millones en exportaciones, además de impactar en los ingresos de alrededor de 5.000 familias vinculadas a la actividad.
Las cámaras y empresas del sector intentaron iniciar la zafra el 23 de julio mediante acuerdos individuales con marineros dispuestos a aceptar valores de producción distintos a los del CCT vigente, firmado en 2005. Sin embargo, la situación se tornó tensa debido a un clima de amenazas y presiones que llevaron a la cancelación de estos intentos.
Las organizaciones de marineros que rechazan la adecuación del convenio argumentan que la negociación unilateral de las empresas equivale a un “lockout patronal”. Mientras tanto, los sindicatos de Capitanes y Maquinistas ya aceptaron la actualización de los valores de producción, que se basaban en un precio del kilo de langostino de USD 12 en 2005, pero que actualmente ronda los USD 6 debido a la caída del mercado internacional y la competencia del langostino cultivado vannamei.
Las empresas sostienen que el costo de la tripulación representa ya el 60% del total y que mantener los valores actuales implica trabajar a pérdida. Un análisis del sector señala que, aunque la pesca del langostino atraviesa dificultades, la industria ha tenido buenos resultados con la pesca del calamar este año, lo que pone en cuestión la postura sindical.
Las cámaras insisten en que el convenio colectivo actual es “inviable” y critican el rechazo de SOMU y Simape a actualizarlo, ya que, según ellos, esta postura “desprotege a quienes más dependen de esta actividad”. Según sus cálculos, un marinero podría estar percibiendo ingresos brutos mensuales de hasta 10 millones de pesos en base a parámetros realistas de productividad, pero en la actualidad solo recibe el salario básico, cercano a 600.000 pesos mensuales para un marinero sin antigüedad.
Una propuesta presentada por las cámaras a la Secretaría de Trabajo a principios de junio, en un ámbito donde la creación de una “Mesa de Trabajo” no logró destrabar el conflicto, indica que la readecuación del convenio afectaría salarios que suman 86,4 millones de pesos brutos anuales. Se trata de trabajadores ubicados en el 5% superior de la pirámide de ingresos en Argentina, con un promedio de entre 5 y 7 meses de trabajo efectivo por año.