Una condena que huele a impunidad
El veredicto del juicio más largo de los últimos años en Neuquén dejó a la sociedad con sabor amargo. Doce imputados fueron declarados culpables de defraudar al Estado en una maniobra millonaria con planes sociales, pero el tribunal resolvió absolverlos del delito de asociación ilícita. En otras palabras: reconocieron la estafa, pero negaron la existencia de una banda organizada.
La lectura del fallo, transmitida en vivo, terminó en bronca y repudio. Los jueces admitieron que hubo maniobras sistemáticas para quedarse con el dinero destinado a los más necesitados, pero aun así decidieron suavizar el golpe quitando la figura de “asociación ilícita” bajo el argumento de la “duda razonable”.
La estafa con los más pobres
Durante dos años, funcionarios y empleados del Ministerio de Desarrollo Social armaron un mecanismo perverso para desviar fondos públicos. Beneficiarios vulnerables recibían apenas el 10% de los subsidios que les correspondían: el resto quedaba en manos de la red delictiva.
El tribunal describió cuatro grupos de saqueo: desde empleados del propio ministerio inscriptos como beneficiarios, hasta punteros políticos que armaban listas falsas. Incluso se detectó el uso de cheques truchos, firmas falsificadas y decenas de tarjetas de débito robadas a los verdaderos titulares. Todo terminaba en la famosa “caja azul” de calle Rivadavia, donde el dinero se repartía en sobres para funcionarios y operadores.
Nombres y responsabilidades
El exministro Abel Di Luca, junto a Tomás Siegenthaler, Laura Reznik, Luis María Gallo, Julieta Oviedo, Pablo Sanz y Ricardo Soiza, fueron señalados como coautores de la defraudación. Otros, como Isabel Montoya, Valeria Honorio, Marcos Osuna, Emanuel Victoria Contreras y el abogado Alfredo Cury, fueron considerados partícipes necesarios.
Todos quedaron manchados por un esquema de corrupción que golpeó las arcas provinciales y usó la pobreza como moneda de cambio político. Pero lo que más indignó fue que, pese a tantas pruebas, el tribunal optó por absolverlos del cargo más grave: asociación ilícita.
La decisión de los jueces encendió la bronca. Para muchos, se trató de una estafa “armada y organizada” que no puede explicarse sin una estructura delictiva. Sin embargo, el fallo prefirió la salida más “blanda”, evitando una condena ejemplar.
El resultado: culpables por estafar al Estado, pero absueltos como organización criminal.
