El 22 de octubre pasado, un torno industrial ingresó a Argentina desde Perú en un camión con patente boliviana, siendo inicialmente almacenado en un depósito de Villa Soldati, Buenos Aires. Aunque el país sudamericano era solo un punto de tránsito, el destino final era el puerto español de Algeciras.
Sin embargo, los destinatarios no buscaban la maquinaria usada declarada, sino un cargamento oculto de 510 kilos de cocaína dentro del torno. La compleja operación de narcotráfico internacional fue descubierta tras una investigación coordinada entre autoridades judiciales y policiales de Argentina, España y Perú.
El cargamento salió del Puerto de Buenos Aires el 7 de mayo a bordo del buque Czech y arribó a Algeciras el 29 de junio. Tras permanecer casi dos meses en depósito, fue retirado el 25 de agosto y seguido hasta Mérida, donde se realizó el secuestro de la droga y detención de los sospechosos, en una serie de allanamientos simultáneos en ambos países.
El fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), liderada por el fiscal federal Diego Iglesias, destacaron que la investigación abarcó varias etapas en Perú, Argentina y España y reveló un método sofisticado para ocultar la droga, respaldado por una estructura económica sólida y recursos logísticos amplios.
La pesquisa comenzó el 3 de junio tras recibir información de la Fiscalía Especial Antidrogas de Algeciras, que alertó sobre una organización narcocriminal transnacional dedicada al contrabando marítimo hacia España, utilizando estructuras societarias y simulación de operaciones comerciales para encubrir el traslado de estupefacientes.
En Argentina, la exportación oficial del torno fue registrada el 27 de marzo con un peso declarado de 4000 kilos y un valor de 50.000 dólares. No obstante, el fabricante confirmó que la maquinaria pesaba 3500 kilos, el exceso correspondía a la droga oculta.
Un control aduanero realizado el 7 de abril en un depósito fiscal no detectó irregularidades, a pesar de que el inspector aduanero declaró que ciertos compartimentos estancos internos no pudieron ser inspeccionados visualmente ni manualmente. Se utilizó un escáner previo al embarque que también arrojó resultado negativo.
El dictamen fiscal señala que el método empleado para ocultar la cocaína superó las inspecciones aduaneras en Argentina y España, así como controles fronterizos en Villazón-La Quiaca, donde la maquinaria ya contenía la droga.
El importador identificado es Ulises Matías Cura, un despachante de aduana residente en San Ramón de la Nueva Orán, Salta, quien pagó en efectivo 13.000 dólares a una empresa peruana. Según el Ministerio Público, la transacción en efectivo y la constitución reciente de dos empresas vinculadas a la exportación refuerzan la hipótesis de maniobras para encubrir el contrabando.
Además, la maquinaria usada, declarada como nueva en la documentación, mostraba signos de deterioro y no coincidía con el objeto social de la empresa española adquirente. El personal de ARCA observó esta irregularidad y modificó la posición arancelaria, evidenciando la naturaleza fraudulenta de la operación.
Cura y otros tres detenidos en Argentina fueron indagados recientemente, mientras que el juez Gustavo Meirovich definirá próximamente su situación procesal. En total, hay nueve detenidos entre ambos países.
La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, calificó esta investigación, denominada Operativo Lusitania, como un logro muy importante para Argentina y la cooperación internacional. Martín Verrier, secretario de Lucha contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado, estimó que el valor del cargamento incautado en España ronda los 20 millones de euros.
La conferencia de prensa contó con la presencia de altos funcionarios, entre ellos Diego Figueroa, subdirector general de Control Aduanero; Diego Pérez Escobar, director de Narcotráfico y Delitos Conexos de la Aduana; Luis Rolle, jefe de la Policía Federal Argentina (PFA); y Marcelo Laures, al frente de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la PFA.
