Defensora del Pueblo de Río Negro respondió a la AIC

El 16 de diciembre de 1985 las provincias de Neuquén, Río Negro y Buenos Aires y el Estado nacional firmaron el tratado de creación de la Autoridad Interjuridiccional de las Cuencas de los ríos Negro, Limay y Neuquén ratificado por las leyes 2088 (provincia de Río Negro), 1651 (provincia de Neuquén), 10452 (provincia de Buenos Aires) y 23896 (del Estado nacional).

El art. 5 del Estatuto determina entre las atribuciones del ente:

f) Realizar estudios sobre los ecosistemas naturales o inducidos comprendidos en la cuenca, evaluando y declarando el impacto ambiental.

g) Realizar investigaciones y relevamientos, ejecutar proyectos y adquirir, construir, poner en funcionamiento y mantener instalaciones para detectar y/o controlar la contaminación en los recursos hídricos de las cuencas. Con análoga finalidad, proponer a los Estados signatarios la adopción de normas y acciones tendientes a prevenir, evitar y corregir procesos contaminantes del recurso.

En caso de no tomar las medidas necesarias tendientes al cese de la contaminación, la Autoridad estará facultada para aplicar sanciones pecuniarias contra el Estado signatario en cuya jurisdicción se produzca.

Como ya lo hemos manifestado y podemos confirmar con estos datos, una de las funciones u objetivos de la AIC es la preservación del medioambiente y el cuidado de la sanidad del recurso hídrico y, para ello, tiene además poder sancionatorio para lograrlo.

Leyendo atentamente el artículo publicado el 11 de noviembre de este año firmada por el ingeniero Carlos Yema, actual presidente de la AIC, llama poderosamente la atención que habiéndose creado formalmente en el año 1985, recién 25 años después (2010) se informe que, "con el propósito de preservar a largo plazo la calidad de los recursos hídricos de la cuenca, el comité Ejecutivo de la AIC haya decidido proponer a las provincias integrantes la implementación de políticas de Estado a fin de lograr entre otras cosas el Vuelco Cero, un objetivo que aunque sabemos de difícil concreción debería haber estado entre las premisas primarias de la creación del organismo".

Es lógico entonces preguntarse: ¿no fueron demasiado tiempo estos 25 años para que finalmente ese organismo interprovincial se diera cuenta de la gravedad del volcado de líquidos cloacales con o (peor aun) sin tratamiento a las aguas de nuestros ríos?

¿Cuáles fueron los avances en la materia desde el año 2010, momento de tal recomendación hasta el presente, casi finalizado el 2013?

Según el titular de ese organismo, esa recomendación fue una de las acciones más importantes de destacar. Evidentemente suena más a un enunciado idealista que a una medida realista que apuntara a solucionar el problema. En otro ámbito y si vale la comparación, es como si desde el nuevo Ministerio de Seguridad de la provincia se publicara una proclama o recomendación informando que a partir de este momento está prohibido robar en Río Negro o que está muy mal que los presos se escapen de las cárceles de la provincia.

No sólo que no se avanzó en el objetivo casi utópico del Vuelco Cero, sino que se han seguido volcando todos los líquidos cloacales a los ríos y además un tremendo porcentaje de ellos sin tratamiento alguno.

Analizando la respuesta de la AIC a mi opinión pública sobre la grave situación de los ríos de la región, considero que es muy poco lo que ha aportado ese organismo a la solución de este problema.

Es cierto que la responsabilidad final sobre el control de las descargas de efluentes domésticos o industriales es de las provincias, pero también es cierto que la Autoridad de Cuencas cuenta con un considerable poder de control y posibilidades de sanción sobre las provincias que incumplan con los procedimientos adecuados en materia de contaminación.

Según los datos que hemos podido recabar con fuentes autorizadas en la materia, no han existido sanciones a las provincias y hoy, a 28 años de la creación de la AIC, nos encontramos con que solamente en la zona del Alto Valle de Río Negro y Neuquén capital se están arrojando los desperdicios sin tratamiento alguno de más de 200.000 habitantes, sin contar la grave situación de San Carlos de Bariloche y el creciente problema en el Valle Medio (Choele Choel no tiene planta de tratamiento) y Valle Inferior.