LEGISLATURA DE NEUQUEN
Proponen Consejo Ambiental
Por otra parte, el diputado Eduardo Benítez (UCR) presentó un proyecto de ley para regular el mecanismo de iniciativa popular, previsto en el artículo 309 de la Constitución Provincial.
Neuquén.- Se presentó un proyecto de ley que crea el Consejo Consultivo de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, bajo la órbita de la Secretaría de Ambiente provincial, con el fin de brindar un espacio de participación a la sociedad civil en la elaboración de políticas ambientales en Neuquén.
El órgano estará integrado por un representante de cada ONG en la materia, uno por los pueblos originarios, uno de cada asociación profesional vinculada a la actividad y un integrante por cada universidad pública con asiento en la provincia, junto a la máxima autoridad ambiental provincial que ejercerá la presidencia del cuerpo. Entre otras funciones, el consejo analizará la aplicación de legislación ambiental; emitirá dictámenes sobre el accionar en el tema; participará en campañas de concientización e impulsará relevamientos a lo largo de la provincia.
Una mayor transparencia y un acercamiento del Estado a la comunidad es el objetivo del proyecto, señala Jesús Escobar. Agrega que el decreto 442/2013 excluyó del proceso de audiencias públicas y de estudios de impacto ambiental a las explotaciones no convencionales.
El proyecto ingresó por Mesa de Entradas el 5 de marzo bajo el número 8426, con las adhesiones de Alejandro Vidal y Eduardo Benítez por la UCR y Beatriz Kreitman de CC ARI.
Iniciativa popular
El diputado Eduardo Benítez (UCR) presentó un proyecto de ley para regular el mecanismo de iniciativa popular, previsto en el artículo 309 de la Constitución Provincial. Se trata del derecho que tienen los ciudadanos de presentar proyectos de ley ante la Cámara de Diputados que deberá darle tratamiento en el plazo de doce meses, desde el momento que toma estado parlamentario cuando sea instado por más del 3% de los electores provinciales.
Las iniciativas no pueden referirse a tributos, presupuesto u otros temas que requieran mayoría agravada para su aprobación. Las oficinas públicas de los tres poderes del Estado provincial designarán uno o más agentes encargados de certificar las firmas e identidad de los ciudadanos que adhieran a la iniciativa. Además, la Legislatura establecerá una unidad administrativa que actuará como organismo de implementación para asesorar a la ciudadanía en la presentación de proyectos.
La propuesta dispone que una vez presentado el proyecto de ley, se girará a la Secretaría Electoral para que verifique la autenticidad de las identidades de los adherentes en un plazo de 45 días, que podrá prorrogarse por un plazo similar. Si se registrasen irregularidades en más del 5% de las firmas verificadas, el proyecto será desestimado. Las firmas no podrán tener una antigüedad mayor de 12 meses de antelación a la fecha de presentación del proyecto. Una vez superada la etapa de verificación, se le dará publicidad en medios de comunicación para que sea conocido por toda la ciudadanía.
Los fundamentos destacan que el mecanismo de la iniciativa popular da cuenta de una visión del ciudadano como sujeto y actor de la política. A la vez, permite que los diferentes sectores de la sociedad puedan presentar propuestas que tengan que ver con necesidades directas de la ciudadanía que no están siendo atendidas por el gobierno.
El proyecto –Nº 8430- ingresó por mesa de entradas el 5 de marzo con la firma de Benítez y el acompañamiento de sus pares Alejandro Vidal (UCR), Beatriz Kreitman (CC ARI) y Jesús Escobar (MLS).
Programa de Ayuda Salarial
Presentaron un proyecto de ley para implementar en el ámbito de la subsecretaria de Trabajo un programa de Ayuda Salarial para que el Estado abone de manera transitoria los salarios de empleados de empresas pymes que por cuestiones temporales no cobren su salario de manera de manera regular. La iniciativa pertenece al diputado Eduardo Benítez -UCR- y permitirá que por un plazo no mayor a los 6 meses el Estado provincial abone los haberes de trabajadores en relaciones de dependencia que por cuestiones coyunturales no cobraron los últimos dos meses.
El programa se financiará con el 1% de los ingresos que la provincia obtenga por regalías hidroeléctricas y provenientes de la producción de gas, cifra que rondaría el 1,5 millón de pesos. La iniciativa abarca a Pymes del sector primario y secundario de la producción cuya planta de personal supere los 20 empleados. Una vez normalizada la situación, el empleador deberá devolver los fondos solicitados y para garantizar su cobro, los empresarios deberán presentar garantías prendarias o hipotecarias.
En sus fundamentos explica que el programa tiene por finalidad evitar conflictos laborales al permitir que el Estado garantice el pago de sueldos de empresas que por la inestabilidad económica que afronta el país no lo pueden realizar de forma normal y regular. Añade que beneficia tanto a los trabajadores, al empleador y al Estado provincial, ya que bajaría el índice de cortes de ruta y dejaría de subir el número de beneficiarios de planes y programas sociales destinados a la promoción y la asistencia social, estimado en 460 millones de pesos para el 2014.
El proyecto ingresó por mesa de entradas el 28 de febrero con la firma de los diputados Eduardo Benítez; Alejandro Vidal –UCR- Raúl Dobrusín; Alfredo Marcote –Upie- Beatriz Kreitman –CC-ARI- y Jesús Escobar –LS-.
El órgano estará integrado por un representante de cada ONG en la materia, uno por los pueblos originarios, uno de cada asociación profesional vinculada a la actividad y un integrante por cada universidad pública con asiento en la provincia, junto a la máxima autoridad ambiental provincial que ejercerá la presidencia del cuerpo. Entre otras funciones, el consejo analizará la aplicación de legislación ambiental; emitirá dictámenes sobre el accionar en el tema; participará en campañas de concientización e impulsará relevamientos a lo largo de la provincia.
Una mayor transparencia y un acercamiento del Estado a la comunidad es el objetivo del proyecto, señala Jesús Escobar. Agrega que el decreto 442/2013 excluyó del proceso de audiencias públicas y de estudios de impacto ambiental a las explotaciones no convencionales.
El proyecto ingresó por Mesa de Entradas el 5 de marzo bajo el número 8426, con las adhesiones de Alejandro Vidal y Eduardo Benítez por la UCR y Beatriz Kreitman de CC ARI.
Iniciativa popular
El diputado Eduardo Benítez (UCR) presentó un proyecto de ley para regular el mecanismo de iniciativa popular, previsto en el artículo 309 de la Constitución Provincial. Se trata del derecho que tienen los ciudadanos de presentar proyectos de ley ante la Cámara de Diputados que deberá darle tratamiento en el plazo de doce meses, desde el momento que toma estado parlamentario cuando sea instado por más del 3% de los electores provinciales.
Las iniciativas no pueden referirse a tributos, presupuesto u otros temas que requieran mayoría agravada para su aprobación. Las oficinas públicas de los tres poderes del Estado provincial designarán uno o más agentes encargados de certificar las firmas e identidad de los ciudadanos que adhieran a la iniciativa. Además, la Legislatura establecerá una unidad administrativa que actuará como organismo de implementación para asesorar a la ciudadanía en la presentación de proyectos.
La propuesta dispone que una vez presentado el proyecto de ley, se girará a la Secretaría Electoral para que verifique la autenticidad de las identidades de los adherentes en un plazo de 45 días, que podrá prorrogarse por un plazo similar. Si se registrasen irregularidades en más del 5% de las firmas verificadas, el proyecto será desestimado. Las firmas no podrán tener una antigüedad mayor de 12 meses de antelación a la fecha de presentación del proyecto. Una vez superada la etapa de verificación, se le dará publicidad en medios de comunicación para que sea conocido por toda la ciudadanía.
Los fundamentos destacan que el mecanismo de la iniciativa popular da cuenta de una visión del ciudadano como sujeto y actor de la política. A la vez, permite que los diferentes sectores de la sociedad puedan presentar propuestas que tengan que ver con necesidades directas de la ciudadanía que no están siendo atendidas por el gobierno.
El proyecto –Nº 8430- ingresó por mesa de entradas el 5 de marzo con la firma de Benítez y el acompañamiento de sus pares Alejandro Vidal (UCR), Beatriz Kreitman (CC ARI) y Jesús Escobar (MLS).
Programa de Ayuda Salarial
Presentaron un proyecto de ley para implementar en el ámbito de la subsecretaria de Trabajo un programa de Ayuda Salarial para que el Estado abone de manera transitoria los salarios de empleados de empresas pymes que por cuestiones temporales no cobren su salario de manera de manera regular. La iniciativa pertenece al diputado Eduardo Benítez -UCR- y permitirá que por un plazo no mayor a los 6 meses el Estado provincial abone los haberes de trabajadores en relaciones de dependencia que por cuestiones coyunturales no cobraron los últimos dos meses.
El programa se financiará con el 1% de los ingresos que la provincia obtenga por regalías hidroeléctricas y provenientes de la producción de gas, cifra que rondaría el 1,5 millón de pesos. La iniciativa abarca a Pymes del sector primario y secundario de la producción cuya planta de personal supere los 20 empleados. Una vez normalizada la situación, el empleador deberá devolver los fondos solicitados y para garantizar su cobro, los empresarios deberán presentar garantías prendarias o hipotecarias.
En sus fundamentos explica que el programa tiene por finalidad evitar conflictos laborales al permitir que el Estado garantice el pago de sueldos de empresas que por la inestabilidad económica que afronta el país no lo pueden realizar de forma normal y regular. Añade que beneficia tanto a los trabajadores, al empleador y al Estado provincial, ya que bajaría el índice de cortes de ruta y dejaría de subir el número de beneficiarios de planes y programas sociales destinados a la promoción y la asistencia social, estimado en 460 millones de pesos para el 2014.
El proyecto ingresó por mesa de entradas el 28 de febrero con la firma de los diputados Eduardo Benítez; Alejandro Vidal –UCR- Raúl Dobrusín; Alfredo Marcote –Upie- Beatriz Kreitman –CC-ARI- y Jesús Escobar –LS-.
