El debate se originó en relación a la pertinencia del artículo 3 del despacho de las comisiones precedentes, el cual determina que serán juzgados por delito según la ley nacional 14346 –de protección animal– los responsables de promover, organizar, participar o colaborar con la actividad que prohíbe la norma.
Los legisladores consideraron que se trata de una tipificación sin alcance para la legislación local, motivo por el cual podrían solicitar la eliminación de dicho artículo durante el tratamiento en particular en el recinto.