Tener un perro mordedor no sale gratis

Una familia del sur neuquino fue condenada a pagarle 52.300 pesos e intereses a la madre de un niño que apenas tenía dos años y medio de edad, cuando fue atacado por un perro que supuestamente era de ella.

El fallo lo había dictado el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de Junín de los Andes. Y, tras la apelación de los presuntos dueños del perro, quedó firme por decisión de la Sala Primera de la Cámara Provincial de Apelaciones en lo Civil de San Martín de los Andes, que integran los jueces María Julia Barrese y Pablo Furlotti.

Según informaron fuentes judiciales, el ataque sobrevino allá por 2011, cuando el perro se encontraba en la calle y atacó al pequeño provocándole heridas cortantes en el rostro, particularmente en la boca y en la nariz.

Víctima de la angustia y la desesperación, la madre, Daniela de los Angeles D., que estaba embarazada de su tercera hija, lo llevó de urgencia (aunque en colectivo) al hospital. En su apelación Héctor Bautista P. P. y Mirta E. dijeron que ellos no habían reconocido ser los dueños del perro (cuya propiedad se le atribuye a su hijo) y argumentaron que tampoco la denunciante ha acreditado que les pertenezca el animal. Pero los camaristas destacaron que dos de los miembros de esa familia, han consentido el acto administrativo en el que la Jueza de Faltas los condenó al pago de una multa.

Las mismas fuentes confiaron que en uno de los pasajes de dicho acto, se expresa lo siguiente: "Un can de su propiedad sexo hembra, color negro y marrón, tamaño mediano, raza mestiza (…) ha causado mordeduras a una persona en la vía pública”. Los jueces coincidieron con su colega de primera instancia en que "probado el nexo de causalidad y no encontrándose acreditada ninguna de las causales que habilitan la exoneración, los codemandados deben responder por el daño padecido por el menor (…), a raíz del ataque propinado por un can potencialmente peligroso”.

Así, el Tribunal de Alzada resolvió rechazar el recurso de apelación interpuesto por los demandados; y dejó firme el fallo que los condena a abonar 26.300 pesos por gastos de cirugía, otros 20.000 pesos por daño moral y 6.000 pesos en concepto de tratamiento psicológico, más los intereses.