SE CUMPLEN SEIS AÑOS DEL TERRIBLE HECHO

El asesino de Aigo había tramitado un subsidio en Anses

Oporto entró al organismo previsional cinco meses antes de asesinar al sargento José Aigo.
miércoles, 07 de marzo de 2018 · 06:20

Jorge Antonio Salazar Oporto entró a la delegación que ANSES había abierto en Junín de los Andes, en noviembre de 2011, cinco meses antes de asesinar, en la ruta 23, cerca del paraje Pilo Lil, al sargento de la brigada rural José Aigo. El libro de tapas rojas en el que se registró ese trámite, fue encontrado después, en un allanamiento. Pero la hoja en la que figuraba el comprometedor testimonio había sido arrancada.

Salazar Oporto sigue prófugo, al igual que Alexis Cortés Torres. Ambos iban en un vehículo conducido por Marcos Fernández, hijo del entonces intendente kirchnerista de San Martín de los Andes, Juan Carlos Fernández, cuando el sargento Aigo los detuvo para revisar lo que llevaban. Este miércoles 7 de marzo se cumplen seis años, y la brigada rural de la policía de Junín de los Andes volverá a recordar a su mártir, con una formación de jinetes, en la que resaltará, con solo una bandera sobre su lomo, el caballo de la víctima.

Nora Torres, una empleada contratada entonces por el municipio de Junín de los Andes, peronista, trabajadora de toda la vida, diplomada como gasista para “hacer changas cuando hace falta”, fue la mujer que atendió a Salazar Oporto. Cuando supo que habían matado a Aigo y vio las fotos de los prófugos, se dio cuenta que había atendido a un terrorista, nada menos que para acceder a un subsidio del Estado. Fue a la policía, e hizo la denuncia. Esa denuncia se perdió. El comisario del pueblo le pidió que la volviera a hacer, y allí fue la mujer, presa de una rabia solo comparable al dolor. Dos veces declaró, pero la justicia no dio lugar, después, a su testimonio.

El fiscal Manuel González sí tuvo en cuenta lo que el juez Joaquín Cosentino no admitió como prueba. Ordenó un allanamiento en la oficina de ANSES de San Martín de los Andes, ya que la delegación de Junín había sido inmediatamente cerrada. Allí encontró el libro de tapas rojas que mencionaba Nora Torres. Pero tenía hojas arrancadas, y no figuraba el nombre que había anotado la empleada: Jorge Antonio Salazar Oporto.

“Me lo acuerdo clarito al nombre, por el vino”, dijo Torres en una entrevista que forma parte del informe especial que difundirá este miércoles el canal 24/7, con AM 550 y Mejor Informado. Dijo también que no alcanzó a anotar más que el nombre, porque cuando estaba por pedir el documento, se acercó una funcionaria a cargo de la delegación y le sacó el libro de las manos. “Dejá, que yo me encargo”, le dijo.

El fiscal Manuel González acusó a Marcos Fernández, el hijo del intendente kirchnerista, por encubrimiento y falso testimonio. En un primero juicio oral fue condenado, a tres años de prisión en suspenso. Pero en un segundo juicio fue sobreseído…con las mismas pruebas por las que había sido condenado.  González fue perseguido y apartado en la corporación judicial. Sabe que probablemente su carrera termine en Junín o San Martín de los Andes, sin salir de esa fiscalía hasta que se jubile.

Otros funcionarios judiciales que actuaron entonces en el caso Aigo, y que enfrentaron de una u otra manera el accionar del fiscal, resultaron, en cambio, premiados. Dos de ellos, llegaron a ser jueces del Tribunal Superior de Justicia, propuestos por el MPN gobernante.

La historia de Nora Torres, que ahora es empleada de planta del municipio de Junín de los Andes, fue contada por primera vez para este informe. Es la demostración más concreta, ocultada hasta ahora, de que Salazar Oporto y Cortés Torres, relacionados después con organizaciones terroristas mapuches chilenas, estuvieron en Junín de los Andes, viviendo en una hostería, durante varios meses antes de aquel fatal 7 de marzo, y que incluso al menos uno de ellos, Salazar Oporto, sindicado como un hombre entrenado como instructor de técnicas de guerrilla, hizo un trámite en ANSES, entonces al servicio de la generosa distribución de subsidios del gobierno de Cristina Fernández.

¿Por qué esto no fue revelado claramente, por qué es conocido por mucha gente pero se mantuvo oculto en los niveles de decisión y ejecución de justicia?

Los amigos y ex compañeros en la policía del sargento asesinado, Daniel Alegría, y Juan Fuentes, no tienen duda alguna en que hubo una conspiración para impedir que los criminales prófugos fueran atrapados. Juan Fuentes, oficial ahora retirado (al igual que Alegría, buscó dejar la policía, decepcionado) dice claramente que “en el lugar que ocurrió esto, no podían pasar más de dos o tres días para atraparlos”.

Ambos coinciden, al igual que Marcela Aigo, hermana de la víctima y maestra rural, en que hubo “llamadas desde arriba”, incluso, para frenar la búsqueda en determinados momentos y en zonas precisas del rastrillaje. A Fuentes, que era el amigo más cercano de Aigo, le impidieron participar de la búsqueda. Alegría, con otros camaradas, se rebeló y decidió por su cuenta armar un campamento en la montaña para no cortar la búsqueda de noche, ya que la policía tenía la orden de rastrillar entre las 11 y las 17, y después volver a la base en el pueblo.

A seis años, prima la desconfianza y el descreimiento. El fiscal Manuel González guarda el expediente con todas las pruebas recolectadas en su casa. Cada tanto lo relee y cada vez está más convencido de que las presiones, las maniobras, las irregularidades, no permitieron que se hiciera justicia.

En el paraje Malleo, en una humilde casa de campo enclavada en una hondonada, Clarisa y José Aigo, los padres del sargento asesinado, siguen llorando al hijo muerto, con la amarga e inapelable sensación de la impunidad surgiendo en cada lágrima.

A pocos metros de esa casa, en un pequeño círculo sombreado por los árboles, está la tumba de José Aigo.

Rubén Boggi

(con la producción de Lucìa Psyny)