A juicio el policía que dirigió una represión a mapuches

El oficial de la Policía de Chubut, Javier Alberto Solorza, será juzgado como responsable del grupo de escopeteros que le provocó lesiones gravísimas a Emilio Jones Huala, durante una de las violentas represiones a miembros de la comunidad Mapuche, el 11 de enero de 2017 en el kilómetro 1848 de la ruta 40 a la altura de Leleque. Ese hecho fue el prólogo de lo que ocurriría meses más tarde: la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, el 1 de agosto de 2017, y el asesinato de Rafael Nahuel, el 25 de noviembre del mismo año.

La fiscal María Bottini, quien presentó la acusación, señaló que unos 20 efectivos de la guardia de Infantería de la policía de Chubut a cargo del oficial principal Solorza, circulaban por el móvil R.I 554 marca IVECO, patente MSL 208 con dirección a la localidad de Esquel.

Afirmó Bottini que por la ruta 40 “justo en la zona donde existe un conflicto de larga data con un grupo autodenominado Lof en Resistencia del departamento de Cushamen, y en virtud de una posible agresión con piedras hacia el furgón, por orden y bajo directivas impartidas por el jefe del grupo, Oficial Principal Solorza, quien asume un rol activo, indicando a los policías que estaban bajo su mando lo que tenían que hacer; parte del grupo baja de la camioneta, se acercan al alambrado perimetral que separa el predio de la ruta, y realizan disparos con escopetas con municiones antitumulto, a corta distancia (menos de 10 metros) y direccionados a la parte superior del cuerpo de las personas que se hallaban en el lugar, impactando al menos a cuatro de ellos, ocasionándoles lesiones de distinta gravedad”.

En esa circunstancia, Emilio Sebastián Jones Huala recibió una perdigonada que le provocó una “fractura atípica de rema derecha del maxilar inferior hasta cóndilo”. Los médicos que lo atendieron en la guardia, le extrajeron del fondo de la herida un trozo de tela plástica negra con la que habrían sido embolsados los perdigones para evitar su natural dispersión. Jones estuvo sin poder abrir la boca y sin trabajar durante un mes.

Agregó la fiscal: “(…) cabe destacar que el episodio descripto ocurre en un contexto de gran conflictividad dado que días anteriores, otras fuerzas de seguridad, habían realizado procedimientos en el predio, encontrándose en ese momento varias personas vinculadas con los ocupantes del predio, privadas de su libertad en la ciudad de Esquel, lo que tornaba aún más vulnerables a los ocupantes”; “y al proceder como se describió, el Jefe del Grupo operativo incumplió con la normativa aplicable y con los deberes a su cargo, además de incumplir con las precauciones que deben tenerse al utilizar proyectiles antitumulto, en particular la dirección del disparo y la distancia aconsejada”.