El TSJ se ajusta el cinturón hasta fin de año

El Tribunal Superior de Justicia resolvió, en un Acuerdo celebrado el 4 de septiembre pasado, establecer una “restricción de gastos” hasta el 31 de diciembre, “en atención a los recientes acontecimientos económicos financieros de público conocimiento”, y con sustento en la caída de ingresos por la eliminación o disminución de impuestos coparticipables.

El Acuerdo Extraordinario 5854 firmado por el presidente Roberto Busamia y los vocales Oscar Massei, Evaldo Moya, Alfredo Elosu Larumbe y María Soledad Gennari, el fiscal general José Gerez y el defensor general Ricardo Cancela, analizó la actual situación presupuestaria del Poder Judicial en base a un informe de la administración General.

En los considerandos el TSJ señaló: …“en atención a los recientes acontecimientos económicos financieros de público conocimiento; la abrupta variación del tipo de cambio; las medidas económicas adoptadas desde el Gobierno Nacional, por los Decretos mencionados precedentemente, que impactarán en la recaudación de los principales impuestos coparticipables -suba del mínimo no imponible de impuesto a las ganancias, eliminación de IVA en productos de la canasta básica alimenticia, entre los más salientes-, previéndose una caída de los ingresos en términos reales. Que este contexto conlleva a adoptar medidas de carácter urgente y transitorio, con el objeto de mantener el equilibrio presupuestario, en atención a que los costos de funcionamiento de este Poder Judicial se incrementarán sustancialmente en el transcurso de los últimos meses del ejercicio financiero, producto de la incidencia de la inflación y del impacto de la devaluación de la moneda nacional frente al dólar estadounidense, que se refleja en el alza de costos de los principales bienes, insumos y servicios”.

Ante ese panorama se sugirió la implementación de “políticas activas de control del gasto, sin que ello implique una limitación del servicio de justicia, extremando los recaudos en el proceso de ejecución presupuestaria bajo criterios de racionalidad y austeridad”.

Por ello, en el punto uno se resolvió “establecer la restricción presupuestaria del gasto hasta el 31 de diciembre del corriente año, teniendo en cuenta la situación económica financiera enunciada”. También “encomendar al Administrador General a adoptar las medidas que se consideren necesarias tendientes al equilibrio presupuestario de este Poder Judicial”.

De todas maneras, no se paralizarán los procesos licitatorios en marcha como el de la adquisición de equipamiento para el área informática. “En materia de refacciones o remodelaciones de inmuebles propios o alquilados, sólo deberán realizarse aquellos de carácter impostergable para el servicio de justicia, procurando la racionalización de los espacios disponibles”.