La investigación por la trágica muerte de un operario en la obra del Canal Grande dio un giro fuerte este jueves en General Roca: la Justicia ordenó allanamientos en la empresa constructora a cargo del proyecto, secuestró documentación clave y teléfonos celulares que ahora serán peritados para determinar si hubo responsabilidades penales detrás del fatal derrumbe.
El procedimiento se llevó adelante en la sede que la firma Ecosur Bahía posee en el barrio La Ribera. Según confirmaron fuentes judiciales, el operativo comenzó durante la tarde y se extendió hasta pasadas las 20:15, en medio de un importante despliegue que incluyó tareas de registro y requisa dentro de las instalaciones de la empresa.
Durante el allanamiento, los investigadores secuestraron documentación vinculada a la obra y varios teléfonos celulares que ahora pasarán a manos de peritos especializados. El objetivo es reconstruir qué ocurrió en los días previos al derrumbe y analizar comunicaciones internas que podrían revelar decisiones técnicas, advertencias o eventuales fallas en las condiciones de seguridad.
El avance judicial llegó además en un momento clave de la causa. Horas antes del operativo, el abogado que representa a la familia del trabajador fallecido se presentó formalmente como querellante, un movimiento que busca empujar la investigación hacia la determinación de posibles responsabilidades penales de la empresa que ejecutaba el Plan Director de Desagües Cloacales.
Si se comprueba que las condiciones del terreno eran peligrosas o que no se tomaron las medidas de seguridad necesarias, la investigación podría escalar hacia responsabilidades mucho más graves dentro de la obra.
Por ahora, la Justicia analiza cada documento y cada dispositivo secuestrado en el allanamiento. Mientras tanto, en General Roca crece la expectativa por saber qué revelarán esas pruebas y si detrás del derrumbe que terminó con la vida del operario hubo negligencia, fallas en la seguridad o decisiones que nunca debieron tomarse.
