El accidente que culminó con la muerte de un turista en el exclusivo centro de esquí Baguales, a 80 kilómetros de Bariloche, puso en evidencia una vez más el criterio discrecional aplicado por el Ejecutivo provincial al otorgar excepciones para la circulación de personas con fines no esenciales durante el aislamiento preventivo y obligatorio impuesto por la pandemia.
El Decreto nacional 297/20 firmado el 19 de marzo pasado y aún en vigencia, restringe el tránsito interjurisdiccional de personas – en consecuencia, también el ingreso a la provincia– excepto para los trabajadores esenciales, servicios del INCUCAI, personas autorizadas a asistir a un familiar o aquellos trasladados a centros de salud rionegrinos,sostienen desde el Bloque de legisladores del FdT
Sin embargo, durante estos meses fueron públicos y notorios los arribos de visitantes que llegaron particularmente a Bariloche en vuelos chárter privados -arribaron a razón de 1 por día-, sin cumplir con los requisitos de excepcionalidad impuestos por la normativa.
Legisladores del Frente de Todos elevaron a fines de agosto un pedido de informes al ministro de Salud de la provincia, Fabián Zgaib, y al secretario General de la Gobernación, Daniel Sanguinetti -ambos firmantes de las excepciones concedidas– para conocer el criterio que el Ejecutivo provincial aplica para permitir estos ingresos restringidos desde el inicio de la pandemia; el número de permisos otorgados, los motivos que los fundamentan y las medidas de control epidemiológicas y el seguimiento puntual de estos casos, en particular, si quienes arribaron a la ciudad cumplieron con los 14 días de aislamiento obligatorio.
El accidente ocurrido en el exclusivo centro de esquí Baguales, que le costó la vida a un turista, puso una vez más de manifiesto la actitud discrecional que se adopta al momento de autorizar los ingresos de particulares a Río Negro con fines recreativos; la actividad comercial -restringida a lo esencial– que no obstante la normativa, continúa en algunos casos bajo criterios desconocidos, y la absoluta falta de controles por parte de la autoridad de aplicación, en este caso, el gobierno provincial, señalaron los legisladores.
El accidente en Baguales refleja en este sentido, por lo menos dos graves irregularidades. Que la provincia permitió la actividad turística en algunos casos sí y en otros no, sin sustento alguno sobre base normativa y sin conocimiento de la ciudadanía y que, según lo confirmó la ministra de Turismo de Río Negro, Martha Vélez, el complejo no estaba habilitado para funcionar. Esto no exime de responsabilidad al gobierno provincial que debió haber controlado, y en todo caso, exigir los protocolos sanitarios de rigor para autorizar las actividades en el lugar.
“Nos encontramos en una situación confusa y muy delicada. Si el gobierno provincial hubiera hecho cumplir la normativa, esta persona nunca debió haber llegado como turista a Bariloche, y el complejo Baguales no debería haber estado funcionando, porque no estaba habilitado”, expresó María Eugenia Martini, presidenta del Bloque de legisladores.