La historia de la ejecución de la obra del Casino tiene varios condimentos que es necesario tener en cuenta. Una historia en donde se han conjugado los intereses de unos pocos, los artilugios legales y los intereses corporativos.
Si se va diciembre del 2019 puede verse que fue Darío Angel Pizella quien inició un único juicio en nombre del Ente Intermunicipal de la Ciudad de Cutral Co y la Ciudad de Plaza Huincul (ENIM), contra COLEAL S.A., solicitando la reserva del expediente, cuando se estaba ejecutando un crédito con garantía hipotecaria.
Lo que no es un detalle menor es la legitimidad de este profesional ya que a ese momento, sólo poseía un poder otorgado sin el acta de directorio correspondiente para ser el representante legal del ente.
Sin embargo, Pizella llevó a cabo la ejecución. La apoderada encargada de las ejecuciones del ENIM, Luciana Ferreyra Andrea, no estaba al tanto de la demanda presentada por él. Todo prosiguió, se pudo visualizar el proceder a través del sistema online de presentaciones judiciales, y el ENIM continuó con la ejecución contra COLEAL SA.
¿TRATO PREFERENCIAL?
Las diferencias en el tratamiento de la situación de COLEAL comparada con el recibido por otras empresas, salta a la luz. Por ejemplo, junto a la ejecución de COLEAL S.A., en los últimos 8 años, además se ejecutó a la firma EET S.A. con un juicio que no ha tenido movimientos hace varios años, es decir, que está paralizado. Además, existen otros dos procesos, un tanto “extraños”: uno contra Eduardo Aristu, una persona de Buenos Aires, a la que supuestamente se le concedió un préstamo por $11.470.00 de pesos sin garantías, que consta de una ejecución no prendaria ni hipotecaria.
Otro, el caso de la firma TETRIS SRL, que, sin ninguna trayectoria en la zona, resultó beneficiaria de una importante suma en concepto de crédito, y a la cual sólo se le ejecutó el importe de $3.000.0000. Ambos casos fueron iniciados -sí ésta vez- por la Ferreira como letrada del ENIM, y en ambos se presentó Pizella y solicitó se dicte la caducidad de instancia, es decir, se perdieron los juicios por no haberse impulsado dentro de los plazos previstos en la ley.
Ahora bien, otro tema a tener en cuenta es la incompatibilidad y relación existente entre Pizella, síndico del ente hasta el año 2019, y que compartía estudio jurídico con Carlos Alberto Miguel, quien era director del ENIM cuando se ejecutó a COLEAL S.A.
Ambos tenían conocimiento directo de los procesos judiciales iniciados ya que Miguel es Síndico del Ente.
Y un dato no menor de esta historia es que el ENTE ante este tipo de juicios no cobra ni recibe dinero porque no existía garantía alguna: prescribieron los pagarés y nadie cobrará estos créditos. Además, el ENIM deberá pagar honorarios millonarios a Pizella.
Mientras tanto, la operadora Coleal sigue esperando una solución para poder pagar lo adeudado al Ente Autárquico Intermunicipal (ENIM), evitar la quiebra y el cierre del establecimiento de Plaza Huincul, y no dejar sin trabajo a sus cien empleados.