Nadie quiere hablar del impacto político del caso Urrutia

Adrián Urrutia es, o era, subsecretario de Diversidad del gobierno neuquino. Es, decididamente, peronista. También un aliado del MPN en la gestión. También es (o era) uno de los líderes del colectivo en el que viajan transexuales, lesbianas, gay, y otras definiciones en permanente innovación de la actualísima “perspectiva de género” en la política. Todo, al mismo tiempo, ha sido puesto en duda a partir de algunas denuncias que ahora investiga la Justicia: por presunto abuso (sexual) y acoso en lugares de trabajo, es decir, en oficinas del sacrosanto Estado.

Más allá de una declaración publicada y repetida en las redes digitales, el gobierno ha dicho poco y nada de un caso que lo incomoda. En el MPN, hay quienes putean por lo bajo y quienes se frotan las manos con cierta alegría. En el peronismo, algunos referentes se han permitido evidenciar que participan de la idea de apartar a Urrutia de los lugares cercanos al poder. En la política en general, nadie, o quizá muy pocos, se han solidarizado con el funcionario, e igual o parecida cantidad ha fingido que no pasa nada. Las sospechas acerca de roscas y maniobras detrás de la figura cada vez más popular de la “falsa denuncia” caminan por esos pasillos donde la indefinición prevalece.

La Justicia, se supone, deberá probar si las denuncias presentadas (algunas no se presentaron e igual fueron informadas) corresponden a hechos concretos, y que esos hechos se corresponden a su vez con algún delito. Hay que entender el contexto para relativizar el escándalo y sus consecuencias: esto ocurre en un ambiente en el que la confianza suele hacer picadillo de seres humanos; y, además, en el que las prácticas como las contribuciones salariales “voluntarias” -en realidad, obligatorias, aunque no haya ley que así lo disponga- a la política son un instrumento afilado y concreto para el sostenimiento financiero de las prácticas políticas partidarias y sindicales.

En ese ambiente enrarecido y aceptado por la costumbre con esa cuota de rareza ya natural, hay que entender también que el propio colectivo LGBTI tiene sus internas, está en permanente revisión técnica, y redefiniendo intenciones y alcances. Por eso lo que ocurre con Urrutia también se evalúa desde ese punto, y se mencionan actitudes “ultras” de determinados subsectores de ese sector variopinto, que ha surgido con la potencia de la palabra “género” exagerada por la mediocridad de la época.

El mecanismo de la denuncia judicial, favorecido generosamente por la legislación respecto del “género”, facilita algunas trampitas, que en el submundo de la política pueden ser letales. Concretamente, en el caso Urrutia, tal vez no haga falta que la justicia llegue a comprobar los hechos, pues las meras denuncias han producido ya un efecto, más allá de los 45 y 90 días fijados a modo de disciplina casi escolar para el funcionario, que ahora atraviesa el ostracismo y la casi certeza de quedar fuera de la carrera electoral del 2023.

Así, el impacto político ya tiene sentencia: Urrutia, y el sector que representa del peronismo aliado con los azules del MPN, ha sido duramente golpeado; lo mismo que el propio MPN que participó de los beneficios de tener la pata peronista bien asida de los cordones de las zapatillas. ¿Quién se beneficiará con esto? La lista, es posible, es amplia e interesada.