No es culpa de la Justicia, sino de jueces y juezas

Hay, en la provincia de Neuquén, funcionarios y funcionarias que cobran sueldos que superan el millón de pesos y que no cumplen con sus obligaciones laborales, muy a pesar de que con esa desidia y desinterés perjudican y hasta exponen a innecesarios padecimientos psicológicos a quienes más cuidados necesitan y merecen: los niños y las niñas.

Se dice -en rigor, se sabe- que cuando la Justicia es lenta no es justicia. Y los juzgados de Familia constituyen una penosa e irrefutable prueba de ello. No por culpa del sistema, como pretenden instalar para escudarse y deslindar responsabilidades, sino por el accionar (y también la inacción) de ciertos jueces y juezas que, lamentablemente, son mayoría.

Las víctimas directas de esos magistrados y magistradas son tanto quienes llevan años implorando por un régimen de visitas -que les permita abrazar a sus niños- como quienes golpean puertas y más puertas en busca de una medida judicial que haga efectivo las resoluciones judiciales, bien llamada “Tutela efectiva de derechos”. No obstante, las principales víctimas son los niños y las niñas, que por la ineptitud de estos funcionarios y funcionarias de altísimos sueldos, crecen sin haber disfrutado de uno de sus progenitores, generalmente el padre.

Evidentemente, eso no les quita el sueño a jueces y juezas que todas las noches se van a dormir sin preocupaciones para iniciar, al otro día, una rutina que al cabo del mes engordará sus cuentas bancarias con otro suculento ingreso desde las arcas del Estado. Podría decirse que cobran fortunas por no trabajar (al menos no como corresponde), pero lamentablemente es mucho más grave que eso.

El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación les dio a jueces y juezas de Familia de todo el país una serie de herramientas que, al menos en Neuquén, la mayoría de ellos no usa. Son las que pasaremos a repasar de modo claro y contundente, sin caer en los tecnicismos y argucias que ellos y ellas emplean para disimular procederes desleales, que sin lugar a dudas merecen ser revisados por quienes tienen la obligación de velar por la correcta aplicación de las leyes.

Entre las herramientas que tienen y no usan se encuentra la posibilidad de contacto directo con las partes, lo que fue concebido para no caer en las redes de la burocracia. Pero jueces y juezas prefieren no atender y encerrarse en la comodidad de sus oficinas. No se conmueven por súplicas ni lágrimas. Tampoco los moviliza su obligación de administrar correctamente justicia. No atienden a quienes deberían atender y los expedientes duermen en un cajón, mientras padres, madres, niños y niñas no pueden pegar un ojo.  Si acaso se dignan a atender, lo hacen por zoom y convierten en vicio facilista lo que fue una necesidad en tiempos de pandemia. Es evidente que la obligación de conducir a las partes a una posibilidad de acuerdo (que agilice los tiempos de resolución judicial), no tiene un lugar entre las prioridades de estos jueces y juezas.

Las partes (madres y padres entre los que generalmente existen pasiones en conflicto) deberían contar con el acompañamiento que el Estado les garantiza, pero que estos magistrados y magistradas les niegan o directamente les quitan. La presencia de los funcionarios y funcionarias judiciales es fundamental, pero ni siquiera van a las audiencias.

Otra herramienta es la oralidad, tan simple como la acción de escuchar. Pero estos jueces y juezas no la ponen en práctica y es así como engordan los expedientes, a medida que el tiempo se escurre entre las manos. No las de jueces y juezas, sino otras más pequeñas: las de los niños y niñas que crecen al desamparo de la Justicia.

Son los mismos expedientes que jueces y juezas engordan al desestimar otra de las herramientas: la que habilita a actuar de oficio, sin esperar a que las partes presenten pedidos que son de rutina en casos de conflictos parentales (y que se conocen literalmente hasta el hartazgo).

Ineficiencia irrefutable

Los resultados de semejantes despropósitos no hacen más que confirmar la ineficiencia manifiesta de jueces y juezas. Según datos oficiales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la provincia de Neuquén, entre 2008 y 2021, ingresaron 84.732 causas a los Juzgados de Familia de la Primera Circunscripción (con cabecera en la ciudad capital). En esos 14 años, sólo resolvieron 23.797, es decir apenas el 28,08%.

¿Falta de presupuesto? Claro que no. Alcanzará con decir que en 2021, el fuero de Familia fue el que más fondos tuvo en el Poder Judicial neuquino; y que ese 10% de la torta lo ubicó por encima del fuero Penal (9%), que se nutre de expedientes hora tras horas, minuto tras minuto. Hay más. Con todos esos recursos, el fuero de Familia resolvió, en 2021, menos de un tercio de sus causas, mientras que el Laboral dictó sentencia en el 52,24% de las suyas. El presupuesto de Familia triplica al del Laboral. Y, a la luz de estos datos estadísticos, el fuero de Familia es un agujero negro por el que se escapan recursos del Estado, sin que haya soluciones para los neuquinos y neuquinas que caen en su tediosa ineptitud.

¿A dónde va ese dinero? En gran parte a sueldos. Tal es así que ninguno de los jueces y juezas del fuero de Familia capitalino cobra menos de un millón de pesos, y no pagan impuesto a las Ganancias ya que ingresaron al Poder Judicial antes de 2017.

Resultados penosos

Tal es la desidia imperante que jueces y juezas ni siquiera velan por la buena fe y la lealtad procesal, para evitar que una de las partes falte recurrentemente a las audiencias o incumpla su obligación de llevar al o los niños a los encuentros con el progenitor o progenitora. Estos magistrados y magistradas no hacen prevalecer a la ley por sobre los recursos que una de las partes presenta, con nítidas intenciones perniciosas. También cortan inmediatamente el sagrado vínculo entre padres o madres e hijos, ni bien llega a sus escritorios una denuncia que muy fácilmente puede resultar falsa.

Tal es el nivel y cantidad de injusticias, que un grupo de vecinos a los que les impiden ver a sus hijos formó la agrupación Padres de Río Negro y Neuquén, y ya ha realizado denuncias y protestas. Sus dichos son avalados por los de trabajadores y funcionarios judiciales, que prefieren el anonimato para no ser objeto de persecuciones, porque se sabe (y está probado) que el ensañamiento de un juez o de una jueza es muy difícil de sobrellevar.

Falta de compromiso, desidia y hasta comodidad es lo que hace que jueces y juezas no utilicen las herramientas que tienen a su alcance. Por estos días, la Legislatura neuquina avanza con lo que será el nuevo Código Procesal Civil, una herramienta que tampoco servirá si no cambia la cultura jurídica que lleva a estos jueces y juezas a evidenciar semejante desprecio por las leyes y fundamentalmente por los derechos de los niños y las niñas.