La Justicia penal neuquina prorrogó, por ocho meses, la investigación que intenta arrojar luz sobre el destino del manejo presuntamente delictivo de planes sociales que debían destinarse a familias en estado de vulnerabilidad y que terminaron en otras manos. Por esta causa hay dos ex funcionarios del ministerio de Desarrollo Social que purgan prisión preventiva y otro al que le concedieron el beneficio de la detención domiciliaria.
La prórroga había sido pedida por la unidad fiscal de Delitos Económicos, que también requirió la renovación de las medidas cautelares dispuestas para proteger el patrimonio que, en caso de una condena, permita resarcir a las cuentas públicas por el monto del perjuicio, hasta el momento estimado en 153.377.900 pesos.
Se trata de embargos sobre cuentas bancarias (hasta un 20 por ciento), billeteras virtuales, vehículos y propiedades inmuebles, además de las inhibiciones generales de bienes que habían sido impuestas al momento de la formulación de cargos realizada al inicio del proceso o, más reciente, en la reformulación de los mismos.
Durante la audiencia de este lunes, el fiscal del caso Juan Narváez sumó nuevos bienes a ese embargo y planteó la extensión de la medida cautelar por el tiempo de la investigación preliminar. “La investigación continúa”, afirmó Narváez, quien detalló que el objetivo es “evitar una posible pérdida de los fondos obtenidos de manera ilícita” y, de ese modo, ante una eventual condena “intentar resarcir al Estado”. La jueza de garantías dispuso un cuarto intermedio para resolver respecto de las medidas cautelares, hasta mañana al mediodía.
Los bienes comprenden desde autos y camionetas, cuentas bancarias y billeteras virtuales, hasta casas y una chacra, propiedad de las personas acusadas. Para sostener la prórroga del plazo de la investigación, el fiscal del caso dio detalles de lo realizado hasta el momento y de las medidas que resta llevar a cabo:
- Una pericia informática, en la que resta la apertura del 50% de los dispositivos secuestrados y, luego, realizar un análisis sobre la información que se extraiga. Esa tarea está realizada en un 22%.
- Un informe técnico contable para determinar el monto total del perjuicio, que depende de la extracción de datos y que actualmente se encuentra en un 50%.
- Como al uso de tarjetas de débito se agregó el cobro indebido con cheques, se deben realizar pericias caligráficas sobre las firmas.
- Informe en curso sobre sobre las imágenes tomadas con las cámaras de seguridad.
La teoría de la fiscalía alcanza a un grupo de ex funcionarios, empleados y empleadas del Poder Ejecutivo de la provincia de Neuquén, a quienes les imputa haber integrado una asociación ilícita dedicada a cometer estafas con la administración y el cobro de planes sociales con cheques y tarjetas de debido.
Los fiscales entienden que hubo distintos niveles de responsabilidad, y ubican en el rol de jefes de la banda delictiva a Ricardo Soiza, quien ocupaba la dirección general de Gestión de Planes Sociales; a Néstor Pablo Sanz, director de Fiscalización; y a Marcos Ariel Osuna, responsable de Gestión de Programas. Soiza y Osuna están a la sombra; mientras que el otro reo, Sanz, fue beneficiado con la domiciliaria.
Recientemente, la fiscalía amplió la acusación inicial y sumó en el rol de “jefes” de la organización a otros dos funcionarios de alto rango: el ex ministro de Desarrollo Social Abel Di Luca y el ex coordinador de Administración de esa cartera, Tomás Siengentharler.
Además, de quienes están señalados al frente de la asociación ilícita, hay otras 26 personas imputadas -entre particulares y empleados del ministerio de Desarrollo Social y de la Contaduría General del ministerio de Hacienda- con distintos niveles de participación en la maniobra.