La Fiscalía de Estado apelará las condenas por el fraude de los planes sociales para que se apliquen penas más severas y se profundice la recuperación total del dinero desviado. El gobierno provincial sostiene que quienes se aprovecharon del Estado y de los sectores vulnerables deben enfrentar el máximo reproche judicial.
El gobierno provincial de Neuquén dejó en claro que no está dispuesto a aceptar condenas que considere insuficientes para quienes saquearon fondos públicos destinados a las familias más vulnerables. Apenas se conoció el fallo, la Fiscalía de Estado anunció que apelará porque entiende que la pena impuesta por el tribunal no refleja la gravedad del daño que sufrió el Estado ni la dimensión de la estructura delictiva que funcionó dentro del gobierno de Omar Gutiérrez y que perpetró el fraude multimillonario con el manejo delictivo de planes sociales. La consigna es inequívoca: los responsables deben recibir el mayor castigo posible.
Según la Fiscalía de Estado, la maniobra que operó entre 2020 y 2022 no fue un simple caso de mala administración, sino una organización criminal con roles delimitados, jerarquías y un mecanismo sostenido en el tiempo. Por eso volverá a exigir que se aplique la figura de asociación ilícita, que eleva las penas y contempla un reproche judicial acorde a la magnitud del fraude.
El gobernador Rolando Figueroa, quien desde el inicio de su gestión ha insistido en erradicar las prácticas heredadas de la vieja política, considera que un caso como este exige una respuesta contundente. Con medidas que van desde la expulsión de ñoquis hasta el recorte de gastos superfluos, la actual administración ya marcó un nuevo estándar ético. Ante un robo que afectó fondos destinados a los sectores más necesitados, su postura es clara: quienes lo cometieron deben enfrentar la máxima sanción legal.
La Fiscalía reafirmó este jueves que apelará en cuanto la sentencia quede notificada, para que un tribunal superior revise nuevamente la acusación por asociación ilícita. Sostiene que la prueba recogida permite demostrar una dinámica organizada y sostenida, lo que exige un encuadre penal más severo. Según el organismo, la respuesta judicial debe estar a la altura del daño económico y moral que sufrió la provincia.
En paralelo, continúan las acciones civiles destinadas a recuperar los más de 1.200 millones de pesos que representan hoy los fondos desviados. Para el gobierno, no basta con las penas de prisión: la reparación económica es parte esencial del proceso. “La confianza pública se defiende también con la devolución íntegra de lo robado”, señalan desde la Fiscalía de Estado, que lleva adelante esa recuperación sin pausas.
La causa, que involucró al exministro de Desarrollo Social Abel Di Luca y otros once funcionarios (entre ellos el ex director de Planes, Ricardo Soiza), expuso uno de los esquemas de corrupción más graves en la historia reciente de Neuquén. Las penas dictadas -de hasta cinco años para los cabecillas- quedaron muy por debajo de lo que la provincia considera justo. Si prospera la apelación, las condenas podrían duplicarse, lo que para el gobierno significaría un acto de justicia frente a quienes traicionaron su función pública.
El fraude consistió en apropiarse de tarjetas de débito de beneficiarios de programas sociales para disponer ilegalmente de los fondos, un mecanismo miserable que fue erradicado. Se cree que esos fondos fueron a parar a manos de referentes políticos del MPN, en lo que al parecer constituyó algo así como “un robo para la corona”, aunque claro los ex funcionarios (ahora reos) también se enriquecieron.
