Una de las autoridades del Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia de Neuquén (Co.Pro.NAF) fue acusada de no cumplir con las obligaciones que le demanda el cargo jerárquico que ocupa en ese organismo llamado, entre otras cosas, a garantizar los derechos de los pequeños.
La licenciada en Trabajo Social, Mery Silvana Catrileo Salazar -de ella se trata- no tendría muchos argumentos para defenderse de esas acusaciones, ya que además de funcionaria provincial es vicedecana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), en Roca. La ecuación es simple: no le dan los tiempos, pero todos los meses tiene depositados sus haberes en la cuenta del Banco de la Provincia de Neuquén (BPN).
El asunto, por supuesto espinoso en medio del conflicto por las recategorizaciones, lo dio a conocer, este jueves, la columnista Lucy Pysny en el programa Así Estamos, que se emite por Radio Mitre Patagonia. En su investigación, la periodista entrevistó tanto a docentes de esa prestigiosa casa de altos estudios, que aseguraron que las actividades de conducción se realizan generalmente en horario matutino; como a trabajadores del Co.Pro.NAF, que aseguraron que “sólo viene algunas veces”. Se asegura que, hace alrededor de dos años, la funcionaria fijó residencia en la ciudad rionegrina.
Las normas de la administración pública provincial establecen para estas funciones una carga horaria mínima de 8 horas por día, de lunes a viernes, y con la posibilidad de prolongarlas para cumplir compromisos. También señalan que en casos de cargos en otras jurisdicciones las autoridades deberán velar por el cumplimiento de funciones y responsabilidad, control que -al parecer- no se ha ejercido. Al menos no con el éxito que se espera o debería esperarse. El cargo del director provincial es, por supuesto, de los más altos.
El Co.Pro.NAF depende de Desarrollo Social, ministerio que en las últimas horas fue epicentro de una polémica (que repercute puertas adentro) debido a la recategorización que le otorgaron a Juan Carlos Santana, el conocido líder de un clan familiar de hampones y de una banda narco, que purga prisión domiciliaria tras haber sido condenado por robo agravado y coacción. El delincuente tiene cargo de chofer de planta permanente y se especula que pasó a cobrar una cifra cercana a los 300 mil pesos por mes. La profesora de Roca cobraría mucho más que el doble. Este caso se difundió por una investigación del mismo programa de radio.
Entre las funciones del Co.Pro.NAF se encuentran tanto la de “diseñar y propiciar la política de Estado en el área de los niños y adolescentes en toda la provincia”, como la de “asesorar a las distintas áreas del Poder Ejecutivo que tengan relación con esta temática”. Es decir, se pisa -si corresponde la expresión- con el ministerio de Niñez (y demás), al que tampoco se le conocen logros de gestión; tampoco iniciativas para afrontar problemáticas concretas o para garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes. En la provincia existe un flagelo muy concreto al respecto. Es el que sufren niños y padres cuyos vínculos son interrumpidos por los jueces de Familia, ni bien reciben en sus despachos una falsa denuncia de violencia. El diputado provincial Carlos Coggiola presentó un proyecto para castigar a los y las obstructoras de vínculos, pero ni el Co.Pro.NAF ni el ministerio al que se hizo mención se expresaron al respecto.
Qué sucederá con la directora provincial que no cumple su horario es un misterio. No obstante, en la provincia hay antecedentes tanto de trabajadores de la administración central como agentes de la Policía, que fueron despedidos por pegar faltazos reiterados o prolongados