El Gobierno de Neuquén concretó el despido de dos empleados públicos en el marco de su política de tolerancia cero hacia la indisciplina laboral y conductas que comprometan la integridad de la administración. Se trata de una trabajadora del Ente Provincial de Termas del Neuquén y de un agente de la Subsecretaría de Familia, quienes fueron separados de sus cargos tras procesos administrativos por abandono de trabajo y presunta violencia familiar, respectivamente.
En el caso de la trabajadora, identificada como Micaela Ayelén Canio, se determinó que incurrió en injustificadas inasistencias entre el 14 y el 21 de noviembre de 2023. Los auditores del organismo comprobaron que no respondió a los requerimientos del área de Recursos Humanos para retomar sus funciones. Se concluyó que su accionar evidenció una “falta total de interés y responsabilidad” hacia sus obligaciones.
El sumario se inició formalmente el 5 de diciembre del año pasado y culminó recientemente con su desvinculación definitiva. Además del cese laboral, la Provincia informó que iniciará acciones para recuperar las sumas percibidas durante el período en que no prestó servicios, incluso recurriendo a la vía judicial si fuera necesario.
En paralelo, se dictó la exoneración del agente Facundo Iván Guajardo, quien se desempeñaba en un área de atención a personas en situación de vulnerabilidad. La sanción fue consecuencia de un sumario iniciado el 30 de marzo de 2023, donde se lo acusó de incurrir en conductas de violencia contra su expareja y su hijo menor de edad, con presuntos episodios de amenazas, hostigamiento y acoso.
En el expediente se incluyeron actuaciones judiciales y testimonios que detallaron que los hechos habrían ocurrido entre junio y agosto de 2022. Si bien el agente negó los cargos en su defensa, los auditores concluyeron que existían elementos suficientes para aplicar la máxima sanción, en función del riesgo para la integridad física y emocional de las víctimas.
Finalmente, el informe oficial destacó que Guajardo cumplía funciones en hogares de adultos mayores, por lo que su conducta fue considerada una “notoria indignidad moral”, incompatible con su rol en el servicio público. Estas medidas se enmarcan en el compromiso oficial de depurar el Estado y garantizar estándares éticos en la administración provincial.
