Pese a la polémica por la contratación de una empresa, de la que aún no se conocen detalles de costos, Río Negro logró recortar significativamente las licencias solicitadas por los empleados públicos. La Secretaría de la Función Pública informó que el 53% de las solicitudes presentadas en septiembre fueron rechazadas. Aseguran que no cumplieron con los requisitos establecidos, aunque las quejas de los sindicatos, en especial UnTER, apunta a la falta de criterios utilizados.
La implementación de un nuevo sistema de auditorías médicas, a través de la empresa Dienst, se presenta como la razón detrás del recorte de más de la mitad de las licencias solicitadas. El objetivo es optimizar los recursos humanos y prevenir abusos en el uso de licencias. En comparación con el antiguo sistema, que en agosto había permitido la aprobación de 42.214 días de licencia con un costo para el gobierno de $2.181.571.039, la nueva estrategia generó un ahorro de $1.762.749.839. No obstante, la falta de claridad en los criterios aplicados por suscitó cuestionamientos sobre la transparencia y efectividad del nuevo sistema.
El análisis realizado por Función Pública, indica que de 48.518 días solicitados, sólo se aprobaron 22.722. El detalle revela que de las licencias aprobadas, el 69% correspondió a necesidades de los propios empleados, mientras que el 31% se debió a la atención de familiares. Los trabajadores de la Educación fueron los que más licencias solicitaron, con un 76,68% del total, aunque no aclara que bajo la órbita de este ministerio se encuentran docentes y porteros. Detrás se ubican los empleados dependientes del Ministerio de Salud, con 9,46% y Policía, 4,37%.
El gobierno presenta este logro como un paso hacia una gestión más eficiente y transparente. Argumenta que la ausencia de cada empleado representa un costo significativo para el Estado. Si bien la lupa está puesta en los docentes, por el conflicto que mantiene el gobernador Alberto Weretilneck con el gremio UnTER, estos trabajadores son los que menos dinero le representan a la provincia por día. En los costos indicados por el informe, en promedio la ausencia de un policía se cuantifica en 141.514,68 pesos; los del Servicio Penitenciario, 77.212,34; los administrativos de la Ley 1904, 72.526,30; los de la Ley 1844, 58.946,33; y los docentes, 55.754,01.
Sin embargo, a pesar de los resultados económicos, la falta de detalles sobre los criterios de evaluación de licencias mantiene tensión con los sindicatos por posibles injusticias en el proceso. La ausencia de un marco claro para la evaluación de las solicitudes podría llevar a situaciones de vulnerabilidad para los empleados que realmente requieren tiempo libre por razones de salud o cuidado familiar. Con una agravio mayor, porque ante una licencia de tratamiento prolongado, sólo se aprueban una cierta cantidad de días, lo que obliga al empleado a tener que recurrir nuevamente al médico tratante, para solicitar más días, con un gasto mayor ante la escasa o nula cobertura de la obra social provincial IPROSS.