Un caso que no deja de crecer
La exvicegobernadora de Neuquén, Gloria Ruiz, volvió a quedar en el centro de la escena judicial. La fiscalía pidió un año más para continuar con la investigación que ya la tiene imputada junto a su hermano, Pablo Ruiz, y dos exfuncionarias de la Legislatura. Según los fiscales, siguen apareciendo irregularidades que podrían comprometer a más personas.
Durante la audiencia ante el juez Lucas Yancarelli, el fiscal Juan Narváez confirmó que el equipo de Delitos Económicos detectó nuevos movimientos patrimoniales, contrataciones sospechosas y manejos de fondos que no se ajustan a la ley. Además, solicitó la inhibición general de bienes para todos los imputados, con el fin de evitar que dispongan de su patrimonio mientras avanza la causa, y un año de investigación. El magistrado aceptó inhibir sus bienes y otorgó solo cuatro meses para continuar recabando elementos y pruebas.
Enriquecimiento y contratos bajo la lupa
Los cargos contra Ruiz apuntan a enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta agravada, tras detectar un aumento patrimonial imposible de justificar con su salario público. La compra de una camioneta de lujo, valuada en más de 70 millones de pesos, fue uno de los puntos que más llamó la atención de la fiscalía.
A esto se suman las contrataciones con la empresa Big Sur Marketing, por más de 45 millones de pesos, pagadas con fondos legislativos y utilizadas, en parte, para promocionar la imagen personal de Ruiz en redes sociales. Una maniobra que, según el Ministerio Público Fiscal, violó la ley de despersonalización de los actos de gobierno.
El hermano y las cómplices
El hermano de la exvicegobernadora, Pablo Ruiz, también fue acusado por defraudación y peculado, junto a las exfuncionarias Isabel Richini y Élida Sánchez, quienes habrían tenido un rol clave en aprobar y ejecutar los pagos irregulares. En total, el perjuicio para el Estado superaría los 90 millones de pesos.
Fuentes judiciales deslizaron que la situación de Gloria Ruiz podría complicar su candidatura a diputada provincial. La ampliación del plazo y las nuevas pruebas dejan abierta la posibilidad de nuevas imputaciones, mientras la Justicia intenta determinar el destino final del dinero público involucrado.
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