La ex vicegobernadora de Neuquén, Gloria Ruiz, enfrenta cargos por corrupción que ya le costaron la destitución y que ahora podrían derivar en un juicio penal. Sin embargo, sigue en carrera como candidata a diputada nacional por Desarrollo Ciudadano, amparada en la ausencia de la Ley de Ficha Limpia a nivel nacional. Esa diferencia normativa le permite competir en elecciones pese a que la fiscalía de Delitos Económicos pedirá en los próximos días la audiencia de formulación de cargos por enriquecimiento ilícito y fraude contra la administración pública.
El caso más simbólico es la compra de una camioneta Toyota SW4, modelo 2024, valuada en más de 76 millones de pesos, sin respaldo en los ingresos declarados por Ruiz como funcionaria. Los peritos señalaron que con el sueldo de vicegobernadora era imposible afrontar semejante gasto, lo que refuerza la sospecha de enriquecimiento ilícito. Ese vehículo se convirtió en el emblema de un escándalo que mezcla lujo, poder y opacidad en el manejo de los recursos públicos.
La investigación también apunta a las contrataciones directas que Ruiz autorizó desde la Legislatura, beneficiando a la empresa BIG SUR Marketing SAS con más de 45 millones de pesos. Parte del material producido terminó en sus redes sociales personales, lo que según la fiscalía muestra una maniobra deliberada de convertir fondos estatales en propaganda privada. Lo que debería haber sido comunicación institucional terminó funcionando como campaña política encubierta.
El entramado se amplía hacia su entorno inmediato. La ex secretaria de Cámara, Isabel Richini, está señalada como partícipe en los contratos bajo sospecha entre mayo y agosto de 2024. A su vez, su hermano, Pablo Ruiz, coordinador de la Casa de las Leyes, autorizó contrataciones directas por casi 45,5 millones de pesos al proveedor Pedro Ariel Sauer sin justificación alguna. La fiscalía cree que se trató de un esquema familiar que operaba desde el propio corazón del Poder Legislativo.
El trasfondo político de este caso expone un problema más profundo: sin una Ley de Ficha Limpia nacional, dirigentes investigados por delitos graves pueden seguir siendo candidatos. Mientras que en Neuquén Ruiz quedó inhabilitada para competir a nivel provincial, en la arena nacional conserva sus aspiraciones, incluso cuando la Justicia avanza sobre pruebas que apuntan a maniobras de corrupción sistemática.
