En agosto de 2015, a pocos meses de terminar su mandato como intendente de Fernández Oro, Juan Oscar Reggioni firmó una declaración jurada que cambió el rumbo de su carrera política. Ese papel, que aseguraba que el municipio había construido el 75% de un plan de viviendas financiado por Nación, destrabó el último desembolso de la obra. Pero también fue el documento que lo llevó a juicio y terminó sellando su condena.
Hoy el tribunal que analizó el caso del plan de viviendas ACU994 lo declaró culpable de administración fraudulenta agravada y uso de documento ideológicamente falso. El tribunal tuvo por acreditado que utilizó una declaración jurada adulterada para destrabar el último desembolso de un plan nacional de viviendas. Fue el único de los cinco imputados que recibió condena. Los presidentes de cooperativas involucradas y una intermediaria informal fueron absueltos, por falta de pruebas o porque la fiscalía retiró la acusación.
Todo empezó con la intención de construir doce viviendas sociales en seis meses, entre 2014 y 2015, con financiamiento del Ministerio de Planificación Federal. El acuerdo preveía liberar los fondos por etapas, según el avance real de las obras. En teoría, un mecanismo de control para evitar abusos. En la práctica, no funcionó.
Reggioni gestionó tres de los cuatro desembolsos, el 75% del total, y declaró haber ejecutado ese mismo porcentaje de la obra. Pero durante el juicio se demostró que apenas seis viviendas, fueron construidas o quedaron a medio hacer. Es decir, un 50% del objetivo original, que eran 12 casas. .
La firma que presentó Reggioni, para el último desembolso, que decía que el 75% de la obra estaba avanzado (o sea 9 casas), no tenía el respaldo técnico que debía: el maestro mayor de obras que había validado las certificaciones anteriores no rubricó el nuevo informe. Aun así, se aceptó como válida y Nación giró los últimos fondos. Para el tribunal, esa maniobra fue suficiente para declararlo culpable. No se pudo probrar que se haya quedado con el dinero, sino que permitió que se aprobara un avance falso de obra, violando los términos del convenio y los deberes de su cargo.
¿Y el resto de los señalados?
Los demás imputados salieron absueltos. Fabio Huenchunao, presidente de una cooperativa, fue desvinculado por pedido del fiscal jefe, que entendió que actuó como un "instrumento" del entonces intendente. Los jueces replicaron ese criterio para Diego Quintero y Luis Méndez, responsables de otras dos cooperativas. Según la sentencia, no había elementos suficientes para sostener que tuvieran conocimiento o responsabilidad penal en la maniobra.
También fue absuelta Carina Marín, una gestora informal que hacía de nexo entre el municipio y las cooperativas. La acusación contra ella fue reformulada sobre la marcha, sin darle posibilidad real de defenderse. El tribunal lo consideró una violación al principio de congruencia procesal.
Aunque Reggioni fue declarado culpable, el fallo dejó algunas advertencias fuertes: la investigación no siguió el rastro del dinero del último desembolso, realizado en marzo de 2016, ya bajo otra gestión municipal. Tampoco se pudieron rastrear con claridad los fondos, mezclados con otros planes nacionales como “Techo Digno”. El desorden administrativo, la falta de documentación y la ineficiencia en los registros del municipio fueron señalados como puntos oscuros que el Ministerio Público Fiscal aún debería indagar.
La causa entra ahora en una segunda etapa: la audiencia donde se definirá la pena que le corresponde al exintendente. Mientras tanto, en Fernández Oro siguen en pie solo seis casas. Las otras quedaron atrapadas entre papeles y omisiones.