La Legislatura de Neuquén vuelve a sesionar esta semana en medio de un clima político atravesado por el debate en torno al desalojo de un grupo de comunidades mapuches frente a Casa de Gobierno. El foco de la discusión gira en torno a la demanda de personería jurídica por parte de cuatro comunidades asentadas en zonas estratégicas de Vaca Muerta, que aseguran llevar más de un año esperando respuestas por parte del Estado provincial.
El episodio más reciente se produjo el domingo pasado, cuando la policía local desalojó por orden judicial a un grupo de manifestantes que ocupaban el ingreso a la gobernación. La intervención, que terminó con al menos 17 personas detenidas, expuso las tensiones latentes entre el reconocimiento de derechos indígenas, la legalidad de los procedimientos administrativos y el desarrollo energético en la provincia.
Desde el oficialismo, el presidente del bloque Comunidad, Ernesto Novoa, respaldó el accionar del Ejecutivo y buscó aportar claridad sobre el trasfondo del conflicto. “Esto es un proceso que viene desde hace tiempo. En 2024 ya habían bloqueado accesos, perjudicando a la gente de la región con un autoritarismo increíble”, señaló el diputado. Y agregó: “El día 2 de julio fueron recibidos en Casa de Gobierno y ocuparon una oficina hasta que se les otorgue la personería. Hubo intentos constantes de diálogo, pero finalmente el domingo se ejecutó una orden del Poder Judicial, como manda la Constitución”.
El legislador también remarcó que “el gobierno de la provincia ha sido sumamente tolerante con la situación. Pero a veces se confunde el respeto con la debilidad. No hay ningún problema con las comunidades originarias. De hecho, tenemos una buena relación en general. El conflicto puntual es con personas que dicen ser mapuches y que aparecen, curiosamente, en pleno corazón de Vaca Muerta”.
Según datos recientes, en el último censo se detectó que más de 11.700 personas se identificaron como pertenecientes a pueblos originarios, concentradas mayoritariamente en la zona de Añelo y Rincón de los Sauces. “Eso no es un delito, pero sí es un dato llamativo. Las leyes están para garantizar derechos, pero también para establecer procedimientos. La personería jurídica no se da de un día para el otro, y hay pasos legales que deben respetarse”, explicó Novoa.
En los últimos diez años, la provincia otorgó diez personerías jurídicas a comunidades originarias. “Este no es un trámite automático. Se necesita cumplir con lo que establece la ley. Si alguien no está de acuerdo con una resolución administrativa, tiene que recurrir a la Justicia, no tomar una oficina pública”, afirmó el diputado.
Durante la sesión legislativa se tratarán también pliegos judiciales y se espera que se debata formalmente la queja presentada por bloques opositores como el PJ y la Izquierda, que cuestionaron la actuación policial del domingo.
Mientras tanto, el gobierno provincial ratificó su compromiso con el diálogo y el respeto institucional, aunque advirtió que no permitirá la ocupación de edificios ni bloqueos en nombre de demandas que no se encuadren en los canales legales correspondientes.