El Ministerio Público Fiscal de Neuquén emitió este domingo una orden de desalojo para liberar los accesos a Casa de Gobierno, medida que fue ejecutada por personal de la Policía provincial. La acción se concretó luego de reiterados intentos de diálogo entre el Poder Ejecutivo y representantes de cuatro comunidades indígenas, quienes mantenían ocupado el ingreso principal al edificio gubernamental.
La ocupación del espacio público provocó alteraciones institucionales al impedir el acceso a empleados y funcionarios. Previamente, se había producido la toma de una oficina, situación que el Ejecutivo calificó como un hecho de gravedad institucional. La protesta incluyó carpas, animales y baños químicos, afectando también a comerciantes y peatones de la zona.
Algunos manifestantes se encadenaron a barandas, incluso bloqueando rampas para personas con discapacidad, y aseguraron que no se retirarían hasta que se les entreguen personerías jurídicas, pese a no haber cumplido con los requisitos legales correspondientes. La permanencia en el lugar generó molestias y conflictos en el centro neuquino.
Ante este panorama, el Ministerio Público Fiscal comisionó con urgencia a efectivos policiales, quienes debían intimar e identificar a los ocupantes y darles un plazo de dos horas para la desocupación voluntaria. Solo en caso de negativa se autorizaba el uso de la fuerza pública, con un protocolo que priorizara la integridad física de todos los presentes.
El operativo se desarrolló de forma ordenada y pacífica, según lo informado, sin registrarse heridos. Las personas demoradas fueron liberadas tras constatar que no presentaban lesiones. El Gobierno provincial ratificó su compromiso con el diálogo institucional, pero también con la defensa de la legalidad, el respeto por los espacios públicos y la garantía del funcionamiento democrático.