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Jueves 28 de Agosto, Neuquén, Argentina
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Despiden a abogada del gobierno de Neuquén: viajó a Colombia y Panamá con licencia médica

Es una abogada que era planta permanente de la Asesoría General de Gobierno. Fue cesanteada por viajar al exterior durante una licencia por enfermedad sin la autorización correspondiente.

Por Redacción

Jueves, 28 de agosto de 2025 a las 17:01
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El gobierno de Neuquén continúa con la revisión del personal estatal. Desde su asunción, se ejecutaron varias cesantías por faltas graves y ausencias injustificadas. En este contexto, fue despedida Ivana Karina Alonso, abogada de planta permanente y directora mayor de la Asesoría General de Gobierno.

Según el sumario administrativo, Alonso viajó a Colombia el 20 de agosto de 2024 y regresó desde Panamá el 30 de agosto, período en el que estaba de licencia médica y ya debía reincorporarse a sus tareas.

Cómo se detectó la irregularidad

El gobierno solicitó a la Dirección Nacional de Migraciones información sobre los movimientos migratorios de la funcionaria. Se confirmó que salió del país sin autorización y presentó certificados médicos que no reflejaban su situación real.

La Junta Médica había dispuesto su alta a partir del 23 de agosto de 2024, con reducción horaria temporal, por lo que debía reincorporarse el 26 de agosto.

Maniobras previas y sumario administrativo

Alonso intentó justificar su ausencia indicando que vaciaría su domicilio por mudanza para evitar auditorías médicas. Además, desde el exterior solicitó licencias ordinarias y presentó un certificado médico por correo electrónico el 28 de agosto. El profesional que firmó dicho documento declaró no haber sido informado de su ubicación al momento de la teleconsulta.

El expediente concluyó que la exdirectora actuó “con simulación y mala fe” y que su conducta constituía abandono de cargo y transgresión a la normativa aplicable al personal de la Administración Pública neuquina.

Decisión oficial y fundamentos

La cesantía se dispuso con base en “falta de moralidad” y por contradecir los estándares éticos exigidos en la función pública, especialmente para quienes integran organismos de asesoramiento jurídico.

La medida se enmarca en la política de control interno del gobierno de Rolando Figueroa, que desde su inicio ya separó a decenas de agentes estatales por irregularidades laborales.

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