La Justicia neuquina amplió esta semana la acusación contra dos empresarios de la firma Comarsa señalados de contaminación con desechos petroleros. La empresa se dedica a tratar desechos petroleros de vaca Muerta.
En la audiencia que se realizó este martes el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid afirmó que el avance de la investigación permitió sumar hechos a la acusación inicial por contaminación peligrosa en perjuicio de la Salud Pública contra dos empresarios y un empleado desde el año 2013 a la actualidad, por el vertido sobre el suelo de residuos petroleros sin tratamiento. Según los informes de organismos oficiales, la empresa avanzó por fuera del predio que tenían habilitado utilizar.
El fiscal pidió al juez reformular los cargos y ampliar a 6 meses el plazo de investigación, lo que podría ocurrir ya que se trata de una causa declarada como compleja.
Además, solicitó al magistrado modificar los cargos por un segundo delito que inicialmente se le atribuyó a los tres acusados como coautores: administración fraudulenta por haber simulado ganancias para distribuir dividendos con el objetivo de obtener ventajas patrimoniales. Ahora, atribuyó ese accionar solo a uno de los imputados, pero con la participación necesaria de los otros dos.
Finalmente, pidió extender los embargos y medidas cautelares vigentes, con una modificación para evitar que los acusados puedan salir del país.
Según la fiscalía, los imputados son J.M.L, presidente de Comarsa desde el 1 de abril de 2014; accionista mayoritario y controlante de la empresa; H.E.B; director suplente entre abril de 2014 y mayo de 2017, pero que permaneció en posición de decisión hasta enero de 2021 y que tuvo funciones delegadas de administración y control; y F.A.P, quien entre principios de 2013 y septiembre de 2016 fue gerente general y responsable técnico de la firma, tenía la dirección del personal a su cargo y reportaba en forma directa a los otros dos acusados.
La acusación es por los delitos de contaminación peligrosa para la salud pública (artículos 57 y 55 de la ley 24.051 de residuos peligrosos, con remisión al artículo 200 del Código Penal; y 45 del Código Penal, en calidad de coautores); en concurso real con administración fraudulenta (artículo 173, inciso 7, del Código Penal).
Las querellas particulares, en representación de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y de la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén, adhirieron a la reformulación de cargos.
El juez a cargo de la audiencia, Gustavo Ravizzoli, aún no resolvió los pedidos presentados.