El presidente Javier Milei dio un paso importante al firmar un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para simplificar las regulaciones económicas y modernizar el Estado argentino. Esta medida implica cambiar más de 300 leyes, transformando la estructura económica del país.
Este decreto destaca por la revocación de una docena de leyes heredadas de las dictaduras que gobernaron a lo largo de la historia argentina. Se trata de leyes que controlaban varios sectores económicos, y ningún presidente anterior se había animado a eliminar estos controles en el mercado.
Con esta nueva normativa, se pone fin a más de 50 años de regulación económica, una persistencia que continuó incluso después del retorno a la democracia. Los gobiernos civiles optaron por mantener estas leyes para ejercer un mayor control sobre las empresas y las transacciones entre los ciudadanos argentinos.
En orden cronológico, el decreto de Milei derogó la Ley de Promoción Comercial, la Ley de Regulación del Ejercicio de la Medicina y la Ley de Regulación Farmacéutica, todas promulgadas durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, artífice de la autodenominada Revolución Libertadora, en los años 1960 y 1970.
El extenso decreto también anula la Ley de Compre Nacional, la Ley de Regulación del Ganado, la Ley de Regulación Azucarera, la Ley de Regulación Vitivinícola y la Ley de Regulación Hotelera, todas promulgadas por decreto durante el gobierno de facto de Roberto Marcelo Levingston, quien presidió el Ejecutivo entre los años 1970 y 1971.
Adicionalmente, se revocó la Ley de Regulación de Mercados Mayoristas y la Ley de Producción de Algodón, otras dos legislaciones aprobadas durante el mandato del presidente militar Alejandro Agustín Lanusse, quien gobernó entre los años 1971 y 1973.
Finalmente, Milei derogó el Código Aduanero, la Ley de Promoción Industrial y la Ley de Monopolio del Banco Nación, todas aprobadas durante el gobierno del entonces dictador Jorge Rafael Videla, quien estuvo al mando entre 1976 y 1981.
Estas tres leyes fueron impulsadas por el entonces Ministro de Economía, José Martínez de Hoz, y posibilitaron que el gobierno de facto cerrara las importaciones en un intento de favorecer la industria nacional mediante la sustitución de importaciones y su subsidio. Sin embargo, estas medidas también provocaron una crisis económica al obligar a las grandes empresas a competir con las pequeñas y medianas compañías.