A 50 días del ataque de ATE, el hecho sigue impune

Han pasado 50 días: fue el 13 de abril de este año que el sindicato ATE, en un operativo encabezado por su secretario general, Carlos Quintriqueo, ingresó por la fuerza, destruyó y se llevó equipamiento utilizado para transmitir de tres radios FM de esta multimedia. Fue una acción a plena luz del día. Con la presencia de la policía, que permitió el hecho. No solo eso: el único detenido y esposado fue un periodista que contaba al aire lo que estaba sucediendo.

Han pasado 50 días, y el hecho sigue impune, y los equipos propiedad de esta multimedia, sin devolver a sus legítimos dueños. Esto sucede en el contexto de dos causas abiertas en la Justicia: una, caratulada “Quintriqueo s/usurpación”, se tramita en la fiscalía a cargo de Marcelo Jara. La otra, “Staicos Claude Christian s/denuncia robo simple”, está en el despacho de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos, a cargo de Mariana Córdoba.

Son dos causas porque así lo dispuso la Justicia, aunque el hecho fue uno solo, duró unas horas, fue a la luz del día, estuvo la policía, no hizo nada.

Ese día quedaron tres radios fuera de aire. Un tremendo atentado contra la libertad de expresión y la libertad de prensa.

Sin embargo, poco o nada parece importar esto en el escenario político-institucional neuquino. Porque, 50 días después, esos expedientes siguen allí, sin novedad. Cincuenta días después, lo único que se ha escuchado es a operadores político-sindicales que presumen de su influencia en ámbitos de la Justicia. No se ha escuchado nada del gobierno. Ni una palabra. Como si el tema no fuera importante.

Se hace gala de que ATE y Carlos Quintriqueo resultan “intocables”. Hay un discreto tufillo a impunidad, que nace, posiblemente, del hecho concreto y verificable de que hay equipos esenciales de transmisión de radios incautados por el solo hecho de que fueron objeto de una apropiación ilegal, y violenta, perpetrada a la luz del día, con testigos, con transmisión en directo por radio y televisión, y con la policía, cuyo deber es proteger, mirando apaciblemente el paisaje.

Equipos esenciales que son de propiedad privada. No son del sindicato. No le pertenecen a la Justicia. Su pérdida, que se prolonga en el tiempo inexplicablemente, afecta directamente a una multimedia de comunicación. Por ende, la situación afecta la libertad de prensa, que es un elemento esencial de la democracia.

En este contexto, es lamentable que la institucionalidad, la legalidad, no hayan dado respuesta rápida. Esa lentitud solo se explica porque los poderosos están influyendo en que sea así. La corporación político-sindical, ese nido angurriento de poder, se protege a sí misma.

Pero no claudicaremos.