En una jornada marcada por tensiones procesales y el anticipo de una extensa producción de prueba, este martes comenzó el debate para definir las penas en la causa por las estafas con planes sociales.
El fiscal del caso, Juan Narvaez, junto con las asistentes letradas Agustina Jara y Tanya Cid, abrió los alegatos en representación del Ministerio Público Fiscal. A su lado intervino el querellante Gustavo Kohon, de la Fiscalía de Estado, que comparte la acusación y reclama penas de cumplimiento efectivo para los imputados.
La audiencia comenzó con la lectura y el rechazo de diversos planteos formulados por una de las defensas. Recién después de esa instancia, el tribunal habilitó el inicio del debate.
El clima ya venía recargado. Parte de la prueba que la fiscalía buscaba incorporar había sido inicialmente excluida por un juez de garantías. Pero tras una impugnación del fiscal jefe Pablo Vignaroli, el Tribunal de Impugnación anuló aquella resolución por considerar que al Ministerio Público Fiscal no se le permitió responder a los planteos defensivos. La semana pasada, otro juez finalmente admitió la prueba objetada, lo que habilitó su uso en esta etapa.
La fiscalía desplegó su estrategia: 33 testigos y peritajes clave
Durante esta primera jornada sólo hubo tiempo para los alegatos de apertura. La fiscalía anunció la presentación de 33 testigos, entre ellos dos contadoras de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, responsables de pericias que resultaron determinantes en la investigación.
El foco estará puesto en reconstruir el mecanismo de desvío de fondos, el circuito administrativo que lo permitió y las responsabilidades funcionales de los acusados.
Qué se discutirá en este tramo del proceso
El juicio actual no revisa la responsabilidad: eso ya fue resuelto. Los jueces Juan Guaita, Luciano Hermosilla y Juan Manuel Kees concluyeron previamente que 12 de las 14 personas juzgadas cometieron el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Rechazaron, en cambio, la figura de asociación ilícita, que había sido planteada por la fiscalía.
Ahora, el objetivo es otro: definir qué pena corresponde imponer. La fiscalía ya anticipó que pedirá prisión efectiva. Las defensas, en cambio, buscarán bajar las penas al mínimo legal para intentar que sean de cumplimiento condicional.
Hay audiencias previstas hasta el 5 de diciembre, periodo en el que ambas partes presentarán prueba documental y testimonial antes de llegar a los alegatos finales.
Una maniobra que dejó un daño millonario
De acuerdo con la acusación, las estafas se cometieron entre el 30 de septiembre de 2020 y el 31 de julio de 2022, por un monto histórico de $153.377.900. El mecanismo se articulaba a través del uso indebido de tarjetas de débito de beneficiarios de programas sociales, muchos de los cuales desconocían que figuraban como titulares. Los reclutaban, les retenían las tarjetas y les entregaban apenas una fracción del subsidio —alrededor de $49.000— mientras que el resto iba, según la fiscalía, a referentes políticos del Movimiento Popular Neuquino (MPN).
La maniobra requería un entramado administrativo que incluía captadores, gestores, personal con acceso a sistemas y operadores bancarios.
Las condenas previas que allanaron el camino
Antes del juicio oral, nueve personas aceptaron su responsabilidad mediante acuerdos y recibieron condenas de 3 años de prisión condicional, más reglas de conducta y aportes económicos a instituciones. Cumplían roles operativos: retirar dinero de cajeros, cobrar cheques y llevar la recaudación a los eslabones superiores del esquema.
Los coautores condenados son: Orlando Abel Di Luca (quien se desempeñaba en el momento de los hechos como ministro de Desarrollo Social), Tomás Siegenthaler (coordinador provincial), Ricardo Nicolás Soiza (director de Planes Sociales), Luis María Gallo (director de Finanzas), Laura Carolina Reznik (directora de Finanzas), Julieta Mariana Oviedo (directora de Tesorería) y Néstor Pablo Sánz (director de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social). .
Como partícipes primarios, fueron declarados responsables: Valeria Noemí Honorio, Isabel Natalia Montoya, Marcos Ariel Osuna (Jefe de Departamento de informática en la Dirección de Planes Sociales), Emanuel Rodolfo Victoria Contreras y Alfredo Cury.
Entre ellas figuran Gustavo Roberto Mercado, Aarón Escobar, Carolina Beatriz Hernández, Pamela Rivera, Gesel Tarifeño, Pamela Cea, Rodolfo López, Adrián Meza Lizama y Omar Rodríguez Quezada. En uno de los casos, se devolvió la totalidad del perjuicio calculado.
Lo que viene
El juicio por la pena continuará mañana con los primeros testigos aportados por el Ministerio Público Fiscal. Se espera que las declaraciones de las peritas contables sean un punto clave en la discusión, ya que sus informes fijan el alcance del perjuicio económico y la participación funcional de los acusados.
A medida que avance el debate, el tribunal deberá definir si las maniobras justifican penas de prisión efectiva o si, como sostienen las defensas, corresponde aplicar condenas condicionales.
