El juicio de cesura en la causa por la estafa con planes sociales llegó este jueves a su fin y ahora el tribunal deberá definir, en un plazo de cinco días hábiles, las penas que recibirán los imputados por el delito de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública.
La etapa final del debate comenzó el miércoles, cuando la fiscalía presentó sus alegatos de clausura y solicitó penas de cumplimiento efectivo para la mayoría de los acusados, además de la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. La calificación recayó sobre la causa que investigó un esquema fraudulento vinculado al manejo de planes sociales.
Durante la jornada de hoy continuaron los alegatos de las defensas. Carolina Johansen, abogada de Honorio y Victoria Contreras, solicitó para sus representados una condena de dos años de prisión en suspenso.
Luego, el defensor Pablo Gutiérrez reclamó también dos años condicionales para Tomás Siegenthaler (ex Coordinador Provincial de Administración), Julieta Oviedo (ex directora de Tesorería) y Laura Resnik (ex directora de Finanzas), y pidió que el tribunal llame la atención a la fiscalía por no justificar el apartamiento del mínimo legal en su solicitud de pena.
En su presentación, Laura Giuliani pidió una condena de tres años de prisión condicional para Néstor Pablo Sanz (ex director de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social) y dos años condicionales, con reglas de conducta, para Isabel Montoya.
Por su parte, Gonzalo Rodríguez, defensor de Orlando Abel Di Luca (ex ministro de Desarrollo Social), solicitó dos años de prisión condicional y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El abogado Fabián Flores pidió dos años condicionales para Luis María Gallo (ex director de Finanzas) y reclamó el cese del embargo sobre un vehículo.
También intervino Luis Piombo, quien pidió dos años en suspenso y la inhabilitación perpetua para Marcos Ariel Osuna (ex Jefe de Departamento de informática en la Dirección de Planes Sociales). Como codefensor de Alfredo Cury, reclamó una pena mínima de dos años en suspenso, rechazó el pedido de inhabilitación formulado por la fiscalía y señaló que no se acreditó que Cury fuera funcionario público.
El último en hablar fue el propio Alfredo Cury, quien actuó también en representación propia. Solicitó que el tribunal considere la existencia de una “pena natural”, derivada —según expresó— del sufrimiento causado por la exposición pública del caso. De manera subsidiaria, pidió una condena de dos años de prisión en suspenso.
Como abogado de Ricardo Soiza (ex director de Planes Sociales), Cury también pidió una pena condicional de dos años y cuestionó nuevamente al Ministerio Público por la difusión mediática de pedidos de penas consideradas “excesivas”, lo que —afirmó— generó falsas expectativas en la sociedad.
Qué viene ahora
El tribunal integrado por los jueces Juan Manuel Kees, Luciano Hermosilla y Juan Guaita tiene ahora cinco días hábiles para comunicar las penas que impondrá a cada imputado. Luego contará con diez días hábiles adicionales para entregar la sentencia escrita con los fundamentos completos de su decisión.
La resolución será clave para cerrar una causa que mantuvo en debate público el uso de fondos destinados a planes sociales y el rol de distintos funcionarios y colaboradores en la maniobra investigada.
Cómo fue el proceso para el Ministerio Público Fiscal
Durante la audiencia del miércoles, el Ministerio Público Fiscal describió que las estafas se lograron mediante el uso de tarjetas de débito de beneficiarios de programas sociales, a quienes se les retenía el plástico. Una fracción del subsidio se destinaba al beneficiario (en algunos casos, alrededor de 49 mil pesos), y el resto se dirigía, según la teoría fiscal, a referentes políticos del Movimiento Popular Neuquino (MPN).
Antes de este juicio, otras nueve personas fueron condenadas por reconocer su participación en tareas complementarias (como retirar dinero de cajeros o cobrar cheques), recibiendo penas de 3 años de prisión condicional.
